CGT ha presentado un Conflicto Colectivo contra la Delegación del Gobierno ante el Juzgado de lo Social de Ceuta que se apoya “en el rosario de sentencias condenatorias” contra la Delegación del Gobierno por planes de empleo de años anteriores, en las “que tanto el juzgado de lo Social de Ceuta como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han condenado reiteradamente a este organismo por violar el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de las personas contratadas en los planes de empleo” asegura el sindicato en un comunicado.
La demanda de conflicto colectivo se suma a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Ceuta contra la delegada del Gobierno por este asunto, que fue admitida a trámite y se encuentra pendiente de informe del Fiscal tras haber tomado declaración al Secretario General de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, como denunciante, a los pocos días de su interposición.
Desde CGT insisten en que la delegada del Gobierno, “que se dice más progresista de la historia, debe ser cesada fulminantemente, no solo por las múltiples condenas judiciales que obran en su contra sino también por perpetuarse en la insumisión al cumplimiento de las mismas y por la reiteración en violar los derechos fundamentales como firmante de 722 contratos del plan de empleo 21/22, que incurren en graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente al desacato de multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la Subdelegación del Gobierno por los planes de empleo 19/20”.
Para CGT “la actuación temeraria de Salvadora Mateos no puede seguir quedando impune ante la mala fe demostrada hacia los trabajadores/as del plan de empleo 2021/2022 conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 15/12/97 al resistirse a aceptar una pretensión legitima ya juzgada que decreta además la vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad y no discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución Española”.
Los sindicalistas destacan las “nefastas” condiciones laborales que “sufren” las personas contratadas en este plan de empleo al castigar económicamente a quienes, como consecuencia de la pandemia, “están cayendo en situación de Baja Médica (IT) y no perciben las retribuciones correspondientes, discriminándolas directamente también en situación de enfermedad pandémica mientras al resto de la clase trabajadora se le considera como accidente de trabajo y se le retribuye como tal”.
Los contratos suscritos por las y los trabajadores contratados al amparo de los planes de empleo 2021/22 contienen “múltiples condiciones que desde CGT consideramos que no se ajustan a derecho” y en consecuencia por eso llevan nuevamente al Juzgado de lo Social vía conflicto colectivo, en concreto:
- No se respeta el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado con lo que el trato desigual y discriminatorio se institucionaliza, pese a las sentencias más de 50 sentencias del juzgado de lo social de Ceuta confirmadas por el TSJA declarando la Vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad art 14 CE y condenan a la Delegación del Gobierno en Ceuta por infringir la Constitución.
- Se realizan contratos de Obra y Servicios determinados (clave 401), precisamente este tipo de contrato acaba de ser anulado en el acuerdo Ligh de Reforma Laboral del Gobierno, patronal y Sindicatos domesticados.
- Incluyen en su cláusula decimosexta una mención expresa a la exclusión de la aplicación del IV Convenio “fuera de convenio único para el personal laboral de la AGE”
- Se fijan para distintas categorías profesionales salarios inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, fijado actualmente en 1000€ por catorce mensualidades, en concreto se establece un salario base de 847.35€ en los que se incluye la prorrata de las pagas extra y de la indemnización de los 6 días por finalización del contrato (12 días por año).
- Pese a tratarse de contratos realizados por la Administración Pública, que debieran ser claro ejemplo de cumplimiento de la legalidad y de los principios constitucionales, la Delegación del Gobierno en Ceuta "se ha declarado abiertamente insumisa al cumplimiento de las normas legales y convencionales".
Para la CGT, “la Sra. Mateos no debería seguir ni un minuto más al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta". Desde CGT confían "que la Fiscalía se pronuncie más pronto que tarde y el juzgado de lo social señale fecha urgente, con prioridad, conforme a la ley reguladora de la Jurisdicción Social LRJS, para la celebración del juicio por el conflicto colectivo interpuesto sobre el que esperamos una contundente sentencia condenatoria hacia la Administración”.
