CIG y ELA intentan frenar en los tribunales la subida salarial del 11,4 por ciento para las/os empleados públicos

Los sindicatos nacionalistas CIG y ELA, de ámbito gallego y vasco, han recurrido ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado 27 de noviembre entre Función Pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y UGT. Posteriormente, CC.OO. se adhirió al acuerdo, que fue rechazado por las citadas organizaciones nacionalistas, pese a haber estado presentes en la mesa de negociación.

Según se expone, estas organizaciones pretenden con esta medida frenar en los tribunales avances considerados relevantes para las condiciones laborales del personal público, comenzando por una subida salarial del 11,4 % hasta 2028, que permitiría, por primera vez en mucho tiempo, una recuperación del poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicos.

Con la interposición de este recurso, CIG y ELA estarían priorizando sus intereses sindicales y su competencia con las organizaciones mayoritarias, como CSIF, frente a las aspiraciones de los trabajadores públicos de mejorar su salario, sus condiciones laborales y su reconocimiento profesional.

Asimismo, se sostiene que este recurso favorece la parálisis institucional y pone en riesgo las mejoras tanto económicascomo laborales, así como el refuerzo de los servicios públicos. También se considera contradictorio que aleguen falta de negociación colectiva cuando participaron en la mesa en la que se acordaron las diferentes medidas.

Ante esta situación, CSIF se ha personado en la causa como parte interesada para defender los intereses legítimos de los empleados públicos.

Por último, se recuerda que, además de la revisión salarial, el acuerdo contempla mejoras en permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos, movilidad, la agilización de los procesos selectivos, la eliminación de la tasa de reposición, la adaptación de la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales, mejoras en jubilación, en los complementos de residencia e insularidad, así como en la atención sanitaria de las mutuas, entre otras medidas.