CSIF alerta del aumento de agresiones en prisión y respalda a los funcionarios de Ceuta

El sindicato CSIF denuncia la escalada de violencia en las cárceles españolas y pone en valor la labor del personal del Centro Penitenciario de Ceuta, cuya profesionalidad califica de “intachable”.

La sección sindical del Centro Penitenciario de Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alzado la voz para denunciar la creciente inseguridad con la que trabaja el personal penitenciario en Fuerte Mendizábal. El sindicato, mayoritario en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y de Función Pública, ha puesto en valor la labor del conjunto de trabajadores a la luz de los datos oficiales sobre objetos prohibidos decomisados en el centro durante 2024.

Según los registros facilitados por el Ministerio del Interior, a lo largo del pasado año se intervinieron en la prisión ceutí 28 teléfonos móviles, 2 objetos punzantes, 941,56 gramos de cannabis, 0,54 gramos de cocaína, 140,5 unidades de benzodiacepinas, 1,5 unidades de antipsicóticos, 62 unidades de otras sustancias psicoactivas y 1 psicofármaco adicional, entre otros elementos ilegales.

Desde CSIF destacan que estas cifras no solo reflejan el ingenio de algunos internos para fabricar armas o introducir drogas, sino también los grandes desafíos a los que se enfrenta el sistema penitenciario en cuanto a prevención de la violencia, seguridad interna y dotación de medios materiales y humanos. “Los datos sobre decomisos no dejan de aumentar, corroborando el aumento de la peligrosidad para los trabajadores”, denuncian.

Una agresión cada 20 horas

El sindicato ha mostrado su “enorme preocupación” por el aumento de las agresiones a funcionarios en las cárceles españolas. Según sus datos, actualmente se produce una agresión cada 20 horas, con más de mil casos registrados en los dos últimos años. A ello se suman otras formas de violencia menos visibles, como amenazas, coacciones o situaciones de tensión constantes que no siempre se contabilizan como agresiones, pero que afectan gravemente al ambiente laboral dentro del centro.

CSIF exige al Gobierno “medidas contundentes y urgentes” para frenar la espiral de violencia en las prisiones. Entre las causas del deterioro de la seguridad, apuntan a la inadecuada clasificación interna de reclusos, que sitúa a internos de primer grado —el régimen más restrictivo— en módulos de segundo grado, generando conflictos tanto con funcionarios como con otros presos.

También critican la falta de cobertura de las RPT, la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y el bloqueo político a la hora de reconocer a los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, una reivindicación clave que permitiría garantizar su protección legal con el principio de indemnidad.

Déficits sanitarios y competencias pendientes

Además de la seguridad, CSIF denuncia las condiciones “cada vez más precarias” en las que operan los empleados penitenciarios, especialmente en lo relativo a la atención sanitaria. Esta situación se agrava en los periodos vacacionales y se ve condicionada por la ausencia de transferencias sanitarias a las comunidades autónomas en lo relativo a prisiones.

Desde la aprobación de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, solo Cataluña, Navarra y País Vasco han asumido la gestión de la sanidad penitenciaria. El sindicato recuerda que Ceuta y Melilla siguen dependiendo del INGESA, pese a que la Disposición Adicional Sexta de dicha ley establece el marco para su traspaso.

“El Gobierno se escuda en que las comunidades no solicitan las transferencias, pero no da ejemplo con Ceuta y Melilla”, lamentan desde CSIF.

La organización sindical concluye su denuncia exigiendo una implicación real por parte de la Administración para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios y dotarlos de los recursos y la protección necesarios para desempeñar su labor con garantías.