CSIF convoca movilizaciones en toda España para exigir mejoras en las condiciones laborales de empleados públicos

El sindicato CSIF ha convocado movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno reactivar la negociación colectiva en la Función Pública. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, representante de empleados públicos en el país, denuncia el estancamiento en temas clave para el sector y critica la falta de una Mesa General de Administraciones Públicas desde la formación del Gobierno en noviembre de 2023.

Las concentraciones se llevarán a cabo el 11 de noviembre y el 16 de diciembre frente al Ministerio de Hacienda y en subdelegaciones de Gobierno en todas las provincias. Según el presidente de CSIF, Miguel Borra, de no haber respuesta del Gobierno, podrían tomarse “medidas más contundentes”.

Entre las demandas del sindicato están la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, incluyendo la paga extra íntegra, y un nuevo acuerdo retributivo que compense la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que, según el sindicato, se ha reducido en 4.721 millones de euros desde 2010. Además, CSIF solicita la eliminación de la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, la culminación del proceso de estabilización de personal interino, la jornada laboral de 35 horas y la mejora en condiciones de jubilación y asistencia sanitaria a través de mutualidades como Muface.

El sindicato también ha presentado un informe que revela importantes desigualdades salariales: los empleados de la Administración General del Estado (AGE) cobran en promedio 8.000 euros menos anuales que sus homólogos de comunidades autónomas y ayuntamientos, llegando esta diferencia a los 15.805 euros en el País Vasco. CSIF plantea un acuerdo por 1.487 millones de euros a tres años para cerrar la brecha salarial y alcanzar la igualdad salarial plena en 2028.

CSIF también alerta sobre la falta de presupuesto en áreas esenciales como la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, afectadas por un déficit de 43.000 plazas debido a recortes de 2010-2020 y el envejecimiento de la plantilla, de la cual el 60% se jubilará en los próximos diez años.

Ante este panorama, CSIF critica la falta de avances en la financiación autonómica y en los Presupuestos Generales, necesarios para mantener el funcionamiento de los servicios públicos y evitar un colapso en ámbitos como la Seguridad Social y el SEPE, que enfrentará una carga adicional con la gestión del Ingreso Mínimo Vital a partir de 2024.