La decisión del Gobierno, según el sindicato, ha sido escandalosa y desproporcionada, máxime “si tenemos en cuenta que la misma ha sido el resultado y la venganza” contra los cuatro agentes después de haber recurrido a la justicia.
La reacción del Gobierno, prosigue en una nota, haciendo uso del poder que ostentan como gestores de la Administración, podría haber incurrido en varios presuntos delitos, "ya que ni siquiera un juez, ni la Agencia Tributaria, pueden embargar más de un 30 por ciento (aproximadamente) la nómina de ningún trabajador público o privado”, algo que ni siquiera sucede, dice el Csif, “en otras situaciones juzgadas y sentenciadas de mucha mayor gravedad”.
Además, antes de llevar a cabo la retirada de la cantidad a cada uno de los agentes, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Personal, Kissy Chandiramani, y el director general de Recursos Humanos, Francisco Díaz, citaron a los agentes implicados para comunicarles que se procedería a prorratearles el importe con el objeto de causarles el menor agravio posible.
La sorpresa fue que al ingresarles las nóminas se le descontaron a cada uno el importe total en las mismas, embargándoles el 70% de las mimas.
Ante ello, el sindicato ha anunciado que “hemos realizado las pertinentes demandas para defender a los empleados públicos de los abusos del gobierno”.
