CSIF exige eliminar la tasa de reposición y sancionar el "abuso de la temporalidad" tras el recorte de Bruselas
El sindicato pide una reunión urgente con el ministro Óscar López y denuncia que el Gobierno sigue incumpliendo la Ley con una temporalidad del 30% en el sector público
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno la eliminación inmediata de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, así como la aplicación de sanciones ejemplares a los gestores que abusen de la temporalidad en las administraciones.
La organización sindical más representativa en el ámbito público considera que estas medidas son urgentes, especialmente tras el recorte de fondos aplicado por la Comisión Europea a España, motivado en parte por el incumplimiento en la reducción de la temporalidad laboral. Según CSIF, esta se mantiene estancada en el 30%, el triple del sector privado, y muy por encima del límite legal del 8% establecido por ley.
“La tasa de reposición impide cubrir adecuadamente las necesidades reales de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación, obligando a las administraciones a sostenerse con empleo temporal”, ha denunciado el sindicato en un comunicado.
Desde CSIF recuerdan que la Comisión Europea ya había abierto expedientes a España por esta cuestión y advertido de posibles sanciones millonarias.
Responsabilidades civiles y nuevo acuerdo salarial
Además de suprimir la tasa, el sindicato reclama que los gestores públicos que incumplan la ley y mantengan tasas de temporalidad abusivas asuman responsabilidad civil, como forma efectiva de erradicar la precariedad estructural en el empleo público.
CSIF también ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para abordar el estado actual de las administraciones y exigir una subida salarial que acabe con la congelación de las nóminas.
El sindicato estima que el Gobierno aún debe aplicar un incremento del 2,8% para compensar la inflación registrada en 2024. Esto supondría una media de 374 euros por empleado público, lo que, según sus cálculos, representa 1.112 millones de euros pendientes de abono.
CSIF advierte de que retomará las movilizaciones si no se atienden sus reivindicaciones.