CSIF exige mediciones urgentes de radón en centros de trabajo de zonas prioritarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha iniciado una batería de solicitudes formales en centros de trabajo de todo el territorio nacional para exigir el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de exposición al gas radón.

Bajo el lema “MEDIR ES PREVENIR. ACTUAR ES PROTEGER”, la organización sindical reclama la realización inmediata de mediciones en aquellos centros situados en municipios declarados de actuación prioritaria, así como en todos los edificios con puestos de trabajo en planta baja o bajo rasante. Esta exigencia se fundamenta en lo establecido en el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento sobre protección de la salud frente a radiaciones ionizantes.

Un riesgo invisible pero real

El radón es un gas radiactivo de origen natural que puede acumularse en espacios cerrados y que la Organización Mundial de la Salud identifica como la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco y la primera entre las personas no fumadoras. Se trata de un agente cancerígeno reconocido científicamente, cuya exposición prolongada incrementa de forma significativa el riesgo para la salud.

En España, el nivel de referencia está fijado en 300 Bq/m³ como promedio anual en lugares de trabajo. Cuando se supera este umbral, la normativa obliga a adoptar medidas correctoras para reducir la concentración al nivel más bajo razonablemente posible.

Desde junio de 2024, las empresas y Administraciones cuyos centros estén ubicados en zonas de actuación prioritariaestán obligadas a realizar mediciones. Sin embargo, CSIF ha detectado que en numerosos centros todavía no se han efectuado evaluaciones o no se ha informado adecuadamente a los trabajadores sobre este riesgo.

Obligación legal de proteger la salud laboral

El sindicato recuerda que la protección frente al radón no es voluntaria, sino una obligación legal derivada de diversas normas, entre ellas la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 665/1997 sobre agentes cancerígenos y el propio Real Decreto 1029/2022, que regula específicamente la exposición a este gas.

Además, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) contempla sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones preventivas. No evaluar este riesgo puede constituir una infracción grave o muy grave, además de generar responsabilidades administrativas e incluso penales si se producen daños a la salud de los trabajadores.

Solicitudes formales en centros de trabajo

A través de sus delegados y delegadas de prevención, CSIF está registrando solicitudes formales en centros de trabajo de toda España para exigir transparencia y actuaciones concretas por parte de las administraciones y empresas.

Entre las principales demandas del sindicato destacan:

• Información sobre si se han realizado mediciones de radón.

• Entrega de los informes técnicos correspondientes.

• Incorporación del riesgo por radón en la evaluación de riesgos laborales.

• Adopción de medidas correctoras en caso de superación del nivel de referencia.

• Información y formación específica para los trabajadores.

• Seguimiento periódico de la situación en el Comité de Seguridad y Salud.

En caso de detectarse incumplimientos, la organización sindical no descarta trasladar la situación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

“Medir es prevenir. Actuar es proteger”

Con esta campaña, CSIF quiere trasladar un mensaje claro: el radón no se ve, no huele y no avisa. Por ello, el sindicato insiste en que la única forma de prevenir es medir, y cuando se detecta el riesgo, la única respuesta responsable es actuar.

Desde la organización recuerdan además que la prevención no es un gasto, sino una inversión en salud pública. La protección de las personas trabajadoras, subrayan, constituye una obligación constitucional y una condición imprescindible para garantizar entornos laborales seguros.

CSIF continuará impulsando esta iniciativa en todo el territorio nacional hasta que se garantice el cumplimiento efectivo de la normativa en todos los centros afectados, al tiempo que seguirá informando a los profesionales para que conozcan sus riesgos y sus derechos.