CSIF alerta a los directores de los centros educativos sobre la "problemática" de contratar personal correspondiente de los Planes de Empleo y de Colaboración Social. El objetivo del sindicato es crear un grupo de trabajo para consensuar criterios y decidir las acciones a tomar con el fin de acabar con esta situación.
En lo referente a Plan de Empleo "sería recomendable exigir un informe jurídico avalado por ambas administraciones que dirima y articule con detalle queéfunciones pueden realizar, si pueden atender individualmente (sin apoyo de un funcionario titular) a menores o colectivos de menores, si pueden realizarlo en cualquier horario e incluso, si pueden desarrollar el trabajo como estimen oportuno o bajo las directrices de un titular", argumenta el sindicato.
En cuanto al personal beneficiario de la prestación por Colaboración Social "la situación es muy grave, pudiendo derivar en el caso de que ocurriera una desgracia, en ilícitos penales sobre los responsables de esta irregular, de la cual son responsables tanto los que los destinan a los centros educativos como los que permiten que realicen trabajos dentro de los centros y ordenan las funciones que tienen que realizar".
CSIF recuerda que las personas beneficiarias de la prestación por Colaboración Social "no firman ningún tipo de contrato ni tienen la protección jurídica por pertenecer a una administración pública, ni tan siquiera, se le requiere el “certificado de de delitos de naturaleza sexual” obligatorio desde hace meses para poder desarrollar su cometido vinculado directamente a menores según la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores".
El sindicato no comparte que estas personas sean responsables de las llaves de las instalaciones, conocedor de las claves de la alarma, o los que cuidan de los menores a la entrada y a la salida del centro, entre otros asuntos.
"Entendemos la grave carencia de personal que sentimos diariamente en todos los centros, pero eso no es excusa para reclamar y exigir que los servicios que prestamos como profesionales de la educación se realicen íntegramente con la mayor escrupulosidad legal posible y preservando la seguridad de los menores a nuestro cargo en todo momento".
Por todo lo expuesto, el sindicato aboga por la creación de un grupo de trabajo que además de intentar solucionar esta problemática, realice la actualización o reorientación de todo el personal que proviene del Ayuntamiento y presta sus servicios en los Centros Educativos.
