Los representantes de los trabajadores de la limpieza pública firmaban anoche con la patronal el acuerdo por el que se hacía efectiva la entrada en vigor del convenio colectivo del sector. Durante tres semanas, el comité de empresa había venido manifestando su determinación de llevar a los trabajadores a la huelga si el convenio, suscrito en abril pero sin eficacia práctica, no entraba en vigor de inmediato. Media hora antes de la hora señalada para el inicio de la huelga, las partes sellaban la paz social.
La escena reproduce punto por punto la ya vivida el pasado 29 de abril. Aquel día, a falta de minutos para que diese comienzo la huelga anunciada un mes antes, sindicalistas y patronal llegaban a un acuerdo. El objeto de la controversia entonces fue la negociación del convenio. La demora en la entrada en vigor del texto sería cinco meses más tarde el argumento para una segunda convocatoria de huelga que, como la primera, también resultó abortada.
El peso de la negociación en ambos conflictos lo llevó la dirección de Trace, concesionaria del servicio público de limpieza y la empresa con mayor peso en el sector por número de trabajadores. “El acuerdo que puso fin a la huelga de limpieza no está condicionado a la modificación del contrato ni a su precio”, sentenciaba en abril el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.
Entonces, el presidente confió a los periodistas que el acuerdo había sido posible gracias a los propósitos anunciados por Trace de mejorar el rendimiento del servicio y reducir el absentismo mediante la incorporación de nueva maquinaria y tecnología.
En el ambiente estaba la presión de la oposición municipal por conocer los resultados de la auditoría sobre el servicio emprendida por la Ciudad, que tardarían todavía en conocerse.
En beneficio de Trace
La irrupción en las negociaciones del Gobierno municipal en los conflictos de abril y septiembre, antecedida, también en ambos casos, del anuncio de que la Ciudad no mediaría, resultó finalmente decisiva para que la huelga acabase siendo desconvocada.
El tiempo transcurrido entre las dos convocatorias de huelga ha servido para acentuar las diferencias entre la Ciudad y la empresa a propósito de la gestión del contrato del servicio. Trace ha conseguido ahora que el Gobierno local se decida a aplicar un sistema de control de cumplimiento de los objetivos del contrato que ya acordó en abril pero que no acababa de ejecutarse. De este modo, los supervisores municipales evaluarán la calidad del servicio en términos de sus resultados y no del cómputo de trabajadores que salen a la calle en cada turno, tal y como se venía haciendo. Además, el acuerdo incluye la sustitución de los funcionarios encargados de la dirección del contrato, algo que no parece disgustar a la concesionaria.
En el fondo de todo ello se encuentra el futuro de la relación entre la Ciudad y Trace, objeto de controversia mercantil pero también política. Sin ir más lejos, el pleno de la Asamblea debatirá mañana mismo una propuesta para rescindir el contrato de limpieza presentada por el Grupo Parlamentario de Caballas.
Las convocatorias de huelga promovidas por los sindicatos tanto en Trace como en el conjunto de las empresas dedicadas a la limpieza pública no parecen amedrentar a la patronal. Sistemáticamente, todos los anuncios de huelga quedan sin efecto tal y como ocurrió, por ejemplo, en los días previos a las semanas santas de 2016 y 2017.
