MEDIDAS ANTIHUELGA

Pilar Alcázar despide al delegado de personal durante el plazo de preaviso de una huelga convocada

Hace un par de días CCOO convocaba para el 20 de diciembre una huelga en esta empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera por el despido de dos trabajadores. El sindicato asegura que la medida tomada por la empresaria es ilegal y emprenderá las acciones judiciales pertinentes para la defensa de los derechos del afectado. 

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photo_camera La huelga será aplazada para el 28 de diciembre /REDACCIÓN

La empresa Pilar Alcázar Repiso ha procedido al despido disciplinario del delegado de personal de la misma por supuestas injurias a la empresaria y daño a la imagen pública de la misma. Le imputa al trabajador la autoría de las declaraciones e informaciones que se han realizado desde la dirección del sindicato de las que, "en ningún caso, es responsable el trabajador despedido, que no ha tenido contacto alguno con los medios ni tampoco con la empresaria"

Hace un par de días, CCOO convocaba una huelga indefinida en la empresa Pilar Alcázar Repiso, subcontrata de Pérez Muñoz, dedicada al transporte de mercancías por carretera, para el próximo día 20 de diciembre.

El motivo de la huelga era conseguir la readmisión en su puesto de trabajo de dos trabajadores despedidos por la empresa "de forma discriminatoria, por motivos antisindicales, tras el anuncio de celebración de elecciones en la referida empresa". 

Ahora, CCOO considera que "el despido de un miembro del comité de huelga durante el plazo de preaviso de la misma constituye un acto ilegal destinado a obstruir el libre ejercicio del derecho de huelga y que debe ser sancionado tanto en vía administrativa como penal, por lo que el sindicato va a emprender las acciones legales procedentes para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores de esta empresa".

La huelga, inicialmente convocada para el próximo día 20, se ha trasladado al día 28, al haber notificado la autoridad laboral que tratándose de un servicio público, el preaviso debería haberse realizado con una antelación de al menos 10 días naturales. A pesar de que el sindicato discrepa de este criterio, al ser una huelga de empresa y existir otras alternativas para garantizar la libre circulación de mercancías, y así se lo ha hecho saber a la directora del área de trabajo, se ha optado por modificar el día de inicio de la huelga a fin de no asumir los retrasos que podría conllevar el inicio de un procedimiento judicial para dilucidar si se trataba o no de un servicio de interés general para la comunidad y, por lo tanto, de carácter esencial.

Ante la sospecha de que la empresaria persista en su actitud antihuelga y proceda a la contratación de personal para sustituir a los trabajadores que la secunden, el sindicato solicitará a la Inspección de Trabajo y a la Delegación del Gobierno, como responsable de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la aplicación de las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores afectados, que han respaldado unánimemente la convocatoria de huelga.

CCOO considera que el despido de un miembro del comité de huelga lesiona el principio de indemnidad y, en consecuencia emprenderá las acciones judiciales pertinentes para la defensa de los derechos del trabajador afectado.

Por otro lado, la empresaria ha presentado a los trabajadores que quedan en la plantilla un documento para que firmen la desconvocatoria de la huelga, a lo que se han negado a pesar de la presión que está ejerciendo la propietaria. Así mismo, ha procedido a la contratación de otros dos trabajadores para sustituir a los dos despedidos en la última semana, lo que se considera desde el sindicato "un caso de esquirolaje, que debe ser sancionado severamente, por lo que dará inmediata cuenta de los hechos a la Inspección de Trabajo".

A este respecto, el sindicato también lamenta "la desidia y pasividad" con la que ha actuado hasta la fecha la Inspección de Trabajo, ya que la denuncia de los incumplimientos de la normativa laboral y el fraude generalizado en la contratación que existía en esa empresa se formuló en el mes de julio sin que, hasta la fecha, la Inspección haya resuelto las cuestiones planteadas en la misma.

"Si en su momento se hubiera producido una actuación diligente y eficaz de la Inspección, es posible que no hubiera habido que llegar a la convocatoria de huelga, pero tanto la legislación permisiva para el incumplimiento empresarial que ha supuesto la reforma laboral del Partido Popular como el desmantelamiento de la Inspección y su lenidad con el fraude laboral generalizado en materias como el contrato a tiempo parcial, han causado daños irreparables a los trabajadores, a los que solo les quedan medidas desesperadas como la huelga para conseguir el respeto de sus derechos laborales", expone el sindicato.