Endesa se compromete a mejorar la calidad del servicio y a absorber a los trabajadores

Francisco Arteaga, director de la empresa ENDESA en Andalucía, se ha reunido esta mañana con la delegada del Gobierno,Salvadora Mateos, tras la adquisición por parte de esta compañía eléctrica de la Empresa del Alumbrado de Ceuta.

Todo este proceso de compra ha concluido tras la autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el cierre de esta operación.

Se ha tratado de una primera visita de cortesía, si bien en este encuentro la Delegada del Gobierno ha insistido en la necesidad de que la empresa mejore la calidad del servicio que presta a los ceutíes, aspecto al que los directivos de Endesa se han comprometido.

La preocupación por el futuro de los trabajadores de la ya extinta  Empresa del Alumbrado de Ceuta ha sido otro de los asuntos en los que la Delegada del Gobierno ha puesto el énfasis, empleos que no corren peligro alguno ya que Endesa ha absorbido a la totalidad de la plantilla según han confirmado los propios directivos.

Otra de las cuestiones planteadas por la Delegada es la relativa a  las medidas del Gobierno para luchar contra la pobreza energética.

El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de este mes el decreto ley en materia energética que, entre otras medidas, anula el impuesto del 7% sobre generación eléctrica y el impuesto de hidrocarburos durante seis meses, tiempo necesario  para elaborar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Se calcula una repercusión total del 7% a la baja en el recibo de la luz. Además, introduce cambios en el bono social eléctrico, crea el bono social térmico para calefacción y suprime el impuesto al sol.

La reestructuración prevista por el Gobierno se basa en cinco grandes pilares: pobreza energética, protección al consumidor, autoconsumo, fomento a las energías renovables y fiscalidad y sostenibilidad del sistema.

Por último los directivos de Endesa han solicitado a Mateos  la colaboración de la Administración General del Estado para luchar contra el fraude.