advierteN del riesgo de anulación de los programas

Entidades y centros de formación critican las exigencias del SEPE para acceder a la organización de sus cursos

Los afectados han presentado alegaciones contra la exigencia de una licencia de apertura para actividades formativas, requisito que consideran contraviene la legislación. 

sepe oficina de empleo paro parados
photo_camera Oficina de empleo de Ceuta/ C.A.

La formación laboral para desempleados vuelve a estar en el punto de mira después de que, a finales del pasado año, una imprevisión estuviese a punto de privar a Ceuta de los fondos para políticas activas de empleo correspondientes a 2017.

Entidades y centros de formación solicitantes de las ayudas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concede para la organización de cursos han presentado alegaciones por su disconformidad con las puntuaciones concedidas para el acceso a los fondos. Los responsables de estos centros no ocultan su malestar ante la exigencia de acreditar la licencia de apertura para actividades formativas de las instalaciones en las que preveían impartir los cursos.

Los afectados aducen que este requisito no es exigible desde la entrada en vigor de un cambio en la normativa que permite sustituir tales licencias por una declaración responsable o comunicación previa.

Los centros y entidades críticas subrayan que muchos de ellos han cerrado acuerdos con empresas de la ciudad para disponer de locales adecuados a las exigencias impuestas por los programas de cada curso. Según denuncian, hasta la fecha había bastado con acreditar con la licencia con la que cuentan los centros impartidores.

Además, subrayan el hecho de que se dan casos en los que las instalaciones para las que se reclama licencia ya impartieron esos mismos cursos del SEPE en años anteriores.

Las entidades que han presentado las alegaciones advierten de que, en la medida en que estas exigencias pueden contravenir la ley, el SEPE se expone a que el proceso de adjudicación de fondos para la impartición de los cursos pueda incluso ser anulado.

Los afectados también denuncian que algunas especialidades formativas han sido denegadas sin que los interesados hayan recibido el informe técnico que fundamenta dichas denegaciones.

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