La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha presentado la segunda de las demandas que prevé presentar contra cada uno de los 17 nombramientos de director general aprobados por el Gobierno local. Los sindicalistas sostienen que estas designaciones se formalizaron vulnerando la ley.
Tras la demanda presentada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el nombramiento del director general de Educación, Javier Celaya, FeSP-UGT ha interpuesto hoy otra contra la designación de su homólogo de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos.
En la demanda contra Ríos, el sindicato aduce los mismos argumentos utilizados en la presentada contra Celaya –el cargo no tiene sostén presupuestario y es de carácter político, lo que excedería las competencias de la Ciudad- y, además, esgrime que el director general es un funcionario de nivel A2 cuando el puesto requeriría que lo fuera de nivel A1.
La primera de las demandas presentadas contra los directores generales se interponía el mismo día en el que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, firmaba los decretos para la destitución de los siete viceconsejeros de su Gobierno y la disolución de las viceconsejerías que ocupaban. Los ceses son consecuencia directa de una sentencia del Tribunal Supremo que establece la incompetencia de la Ciudad para nombrar a personas no electas para estos cargos. El fallo del Supremo ponía fin a un procedimiento instado en su día por una demanda presentada por FeSP-UGT.
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