Función Pública sube un punto su oferta de subida salarial: un 11 por ciento entre 2025 y 2028, que CSIF rechaza por "insuficiente"
El sindicato considera que todavía hay margen de subida, rechaza esta nueva oferta y continuará negociando hasta el último segundo
El Ministerio de Función Pública ha elevado su oferta salarial para las/os empleados públicos en un punto: un 11 por ciento entre 2025 y 2028 (ambos incluidos).
En la reunión celebrada hoy, Función Pública no ha concretado la distribución por años, aunque insiste en que los porcentajes no pueden superar el 4 por ciento entre 2025 y 2026. La secretaria de Estado ha asegurado que "no hay plan B" y ha emplazado a los negociadores sindicales a consultar con sus organizaciones para decidir una respuesta de cara a la próxima reunión, prevista para el lunes 24 de noviembre.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que esta oferta continúa siendo insuficiente, ya que las/os empleados públicos seguirían perdiendo poder adquisitivo al menos durante los dos primeros años, pérdida que se suma a la acumulada desde los recortes de 2010.
CSIF valora el punto adicional presentado hoy, pero considera que se debe poner el acento en la subida de 2025 y 2026por motivos de seguridad jurídica, ante la posibilidad de un cambio de Gobierno de aquí a 2028.
Asimismo, siendo conscientes de que el acuerdo incluye bloques de medidas laborales, el sindicato sostiene que la subida salarial es un elemento fundamental y afirma que negociará hasta el último segundo. Según CSIF, todavía existe margen para la negociación, por lo que emplaza al Gobierno a presentar una nueva oferta el próximo lunes.
Por otro lado, Función Pública no se ha pronunciado sobre la propuesta de CSIF de dotar fondos adicionales que permitan corregir la desigualdad económica entre empleados públicos que realizan las mismas funciones en administraciones distintas.
Tampoco ha valorado aún la propuesta del sindicato relativa a la recuperación de las pagas extras íntegras y a que la subida del personal laboral del Exterior se vincule al IPC del país en el que desarrollen su labor profesional, garantizando en todo caso que dicha subida no sea inferior a la acordada en España.