“La ley no obliga a mantener servicios de seguridad privada en este tipo de instalaciones”. Esta es la respuesta que el portavoz del Gobierno municipal, Alberto Gaitán, ha ofrecido a las denuncias que los sindicatos han venido lanzando reiteradamente sobre la presunta vulneración de la Ley de Seguridad Privada en los albergues que acogen a menores extranjeros. Gaitán ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y un día después de que CCOO anunciara la interposición de una denuncia contra la Ciudad y la Fundación Samu. El sindicato cree que la entidad presta servicios de vigilancia con personal que no está habilitado para ello por el Ministerio del Interior.
El portavoz municipal ha insistido en que solo los centros de internamiento de menores tienen la obligación de disponer de un servicio de seguridad. “El Gobierno y la Consejería decidieron en su día que la Fundación Samu se hiciera cargo, en una actuación integral, del albergue de Piniers, y es lo que se está haciendo”, ha explicado Gaitán.
