El Gobierno de la Ciudad no garantiza los puestos de trabajo de la plantilla de la limpieza pública si el servicio acaba cambiando de manos. El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, ha asegurado esta mañana que serán los servicios jurídicos los que determinen todos los aspectos de la transferencia del servicio, incluida la situación de los trabajadores. “Que se pueden conservar los puestos de trabajo, fenomenal; que pueden llegar a ampliarse, miel sobre hojuelas; otra cosa es que después se pueda o no hacer”, ha afirmado Hachuel, quien, en todo caso, ha subrayado que la voluntad política del Gobierno es la de hacer todo lo posible por mantener la plantilla.
El comité de empresa de Trace, concesionaria del servicio, advertía ayer mismo de que, fuera cual fuese la fórmula que el Gobierno estableciese para la prestación del servicio, los trabajadores no aceptarán ningún cambio en su actual estatus. ““Que a ninguna empresa que pueda llegar a asumir la limpieza de la ciudad se le pase por la cabeza tocar ni un solo céntimo del dinero de los trabajadores”, aseguraba el presidente del comité, Francisco Mur. Trace ocupa en la actualidad a unos 400 trabajadores.
La Ciudad y la empresa Trace sostienen conversaciones para rescindir el contrato que las compromete. La intención del Gobierno local y de la adjudicataria es la de que, finalmente, la rescisión sea un hecho.
Mientras, el Gobierno se resiste a dar por buenas las informaciones que apuntan a la sociedad estatal Tragsa como la futura prestataria definitiva del servicio. Hachuel ha insistido en que el relevo al frente de la concesión todavía no está definido. “Todas las opciones están sobre la mesa”, ha insistido. Pese a ello, el portavoz no descartó la posibilidad de que Tragsa se ha cargo de la concesión, aunque de manera transitoria, cuando Trace deje de prestar el servicio.
