El sindicato CSIF asegura que en numerosas ocasiones han intentado no tener que obligar a la Administración mediante instancias judiciales "con el ánimo de intentar realizar dicha acción mediante la negociación que es como debería actuarse diariamente pero nos ha resultado imposible ya que, en multitud de ocasiones y en todos los ámbitos posibles, siempre hemos encontrado la negativa como respuesta o simplemente ni siquiera hemos obtenido contestación alguna".
En esta sentencia a la que hace referencia el sindicato, el Magistrado "tumba" para situaciones similares, la potestad de autoorganización respecto al personal a su servicio ya que estas no cumplen los requisitos legales en los que pudiera dictarse un decreto de estas características, "no pudiendo articular la Administración competente además, dichas acciones justificándolas por jubilación de empleados públicos ya que estas son totalmente previsibles y pueden cubrirse por los mecanismos ordinarios de provisión de plazas. Afea también el poco rigorismo en la motivación de tales actos y no comparte la invocación de la urgente e inaplazable necesidad".
Así mismo, según el sindicato, "afea" a Recursos Humanos su desconocimiento en cuanto a la aplicación de normativa correspondiente para estas situaciones recordándole la literalidad de la sentencia que ya dictó el Tribunal Constitucional el 26 de octubre de 1993 que dice que “desconocer la propia esencia de la adscripción provisional; de modo que atribuirle una duración prolongada o indefinida puede ser determinante de una situación arbitraria y constitutiva, además, de desviación de poder”. Todo ello "como es habitual", afirman desde el sindicato a través de una nota de prensa, con la correspondientes costas a cargo del Ayuntamiento "de algo que de antemano, los responsables de Recursos Humanos saben que no debían hacer" y anuncian que "o el Ejecutivo cambia de actitud o no van a cesar de surgirle problemas judiciales que podrían evitarse al menos, en una parte importante".
