Acusa a Vivas de trato desigual

MDyC exige a Vivas que la empresa de la limpieza cumpla con lo ordenado por el Juzgado de lo Social

MDyC exige al Gobierno local que obligue a la empresa adjudicataria del servicio limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos a cumplir con establecido en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social como ha hecho con la UTE del Plan de Empleo Joven, tal y como dice el contrato.

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photo_camera MDyC pide a Vivas que obligue a la concesionaria de la limpieza a cumplir lo ordenado en sentencia / ANTONIO SEMPERE

La formación solicita, además, que aplique los mismos criterios al interpretar el contrato, obligando a la citada mercantil a asumir el coste del incremento salarial.

MDyC no alcanza a comprender el Ejecutivo interprete los contratos y las leyes en función de quién sea el adjudicatario de los mismos. Así, dice en una nota de prensa, “nos encontramos que la UTE del Plan de Empleo Joven tuvo que asumir el coste de aplicar el convenio de Limpieza Viaria a sus empleados”, pues según la consejera de Hacienda, Susana Román, en un escrito fechado el pasado cinco de mayo le comunicaba al adjudicatario que  era “obligación del contratista realizar la ejecución del contrato a riesgo y ventura” y que si el juez de lo Social le sentenciaba a pagar los salarios según el convenio, el contrato decía bien claro que ellos debían asumir ese sobrecoste, sea o no firme la sentencia.

Ahora, según la nota, el presidente afirma que primero debe existir una sentencia firme para que se estudie la compensación, permitiendo, de esta manera, que la adjudicataria no cumpla el contrato. Este, prosigue, exige que se aplique el convenio y el juez de lo Social, a su vez, ordena que el que corresponde es el de la Limpieza Viaria a todos y cada uno de los trabajadores; acción que si obligó a la UTE del Plan Joven, a pesar de que la sentencia no era firme.

Por otro lado, la formación denuncia que el Gobierno manifiesta en esta ocasión que, existiendo sentencia firme, se compensará a la empresa adjudicataria ese cambio en la estructura salarial.

Todo apunta a que en esta ocasión no se van a aplicar los criterios que obligaron a Urbaser y a FCC a asumir los costes de aplicar la sentencia, cuando el contrato dice lo mismo, que los adjudicatarios deben aplicar el convenio en vigor.

El partido asegura que estará vigilante para que no se le dé ni un sólo euro de los fondos públicos de más a esta empresa.