Comisiones Obreras ha detectado que la Oficina Pública de Empleo Estatal de Ceuta está procediendo a cancelar las demandas de empleo de personas inscritas como parados sin que se les notifique esta circunstancia y sin permitirles defenderse frente a imputaciones infundadas de los responsables de este servicio.
Recientemente, el sindicato ha tramitado la reclamación de una persona que teniendo una antigüedad de más de seis años en su inscripción como demandante de empleo, ha sido dada de baja sin notificación previa.
"La interesada ha sido informada verbalmente de este hecho por una funcionaria del SEPE, que se ha negado a efectuar la renovación de la demanda, aduciendo que se mandó un policía a su domicilio y que no había nadie en él y por lo tanto se presumía que no era residente en la ciudad, lo cual era causa de anulación de la demanda", asegura el sindicato.
CCOO considera que la actuación de las Administraciones Públicas debe producirse con "absoluto" respeto a los derechos de los ciudadanos y con sometimiento pleno a la normativa reguladora de los distintos procedimientos administrativos. "En este sentido, el cumplimiento de plazos y requisitos formales de las notificaciones son un elemento fundamental para garantizar esos derechos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión de los ciudadanos", puntualiza CC.OO.
"Desgraciadamente, no se trata de un hecho aislado que pueda haber ocurrido puntualmente sino que el utilizar procedimientos no reglados, como el rechazo de solicitudes de forma verbal, la eliminación de los registros de demandantes de empleo o la exclusión de procesos de selección de personas que reúnen los requisitos exigidos, se ha convertido en una norma de actuación en ese Servicio Público", continúa exponiendo el sindicato.
Según Comisiones Obreras, "solo el afán del gobierno para maquillar las cifras de demandantes de empleo puede explicar el hecho de que sean eliminados de los registros de desempleados personas que cumplen con todas las prescripciones necesarias para figurar como tales, privándoles de sus derechos legítimos sin permitirles siquiera el derecho de defensa".
Los servicios jurídicos de CCOO estudian la posibilidad de promover acciones, incluso en el orden penal, para impedir la arbitrariedad de los responsables de este servicio y garantizar la plenitud de los derechos de todos los ciudadanos afectados por una actuación administrativa que "solo puede ser calificada como deplorable".
