Francisco Mur, presidente de la Mesa Negociadora, ha declarado en rueda de prensa ha declarado que el convenio colectivo ya se firmó el pasado 18 de julio, pero que la Delegación de Gobierno devolvió el mismo para que se corrigiesen unos errores contenidos en el mismo.
Tras la subsanación de los errores, las partes habían quedado emplazadas para proceder a la firma definitiva del convenio y, posteriormente, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad para que el mismo entrase en vigor. La empresa Trace, que es la mayoritaria en el sector y en la que están también Tale, Urbaser y ACC, se niega ahora a la firma del convenio para ejercer presión sobre la Ciudad para que esta le abone la cantidades que le adeuda en concepto de subida del contrato que mantiene por el servicio de la limpieza viaria.
Ante la situación, los representantes de la Mesa han anunciado que este martes han registrado un preaviso de huelga ante la Delegación del Gobierno, por lo que en el supuesto de que siga la situación es probable que el sector se paralice a partir del 25 de este mes.
Mur ha dejado claro que los trabajadores no están dispuestos a ser moneda de cambio, como viene siendo habitual cada vez que se presenta un conflicto. Curiosamente y pese a que la empresa Trace no está recibiendo las cantidades por el concepto de subida, los trabajadores de la misma si están percibiendo, al igual que los de ACC, el complemento de subida. Tale y Urbaser, ha precisado, no están cobrando la subida.
Por otro lado, el secretario de la Mesa, Juan Gutiérrez, ha aprovechado la ocasión para denunciar las lamentables condiciones en la que los trabajadores de Trace vienen realizando su trabajo, además de denunciar que en los talleres de la mercantil se reparan vehículos de otras empresas del grupo, como pueden ser los vehículos pertenecientes a las mercantiles “Talen o Cantesa”.
También ha denunciado públicamente que una cuba se abastece de agua en Benzú y cuyo destino es llenar el aljibe de la empresa Cantesa “para hacer hormigón”. Y lo peor del caso, según Gutiérrez, “es que la Ciudad se lo permite”.
