Laboral

CONFLICTIVIDAD LABORAL

El comité de empresa de Trace, en pie de guerra contra el intrusismo del personal del Plan de Empleo

Problemas laborales en Trace, la concesionaria de limpieza urbana./A.S.
photo_cameraProblemas laborales en Trace, la concesionaria de limpieza urbana./A.S.

A partir del próximo día 26 comienzan las movilizaciones, según confirma Bartolomé Martínez, de CSIF, de no producirse una marcha atrás por parte del Gobierno local. 

Los sindicatos representativos en el comité de empresa de Trace, la concesionaria de la limpieza en Ceuta, están dispuestos a ponerse en pie de guerra a partir del próximo día 26, con concentraciones, inicialmente, en la puerta del Palacio Municipal. El motivo es que consideran que existe un intrusismo por parte de personal de planes de empleo de la Ciudad, que estarían realizando labores de limpieza en detrimento de la plantilla de la empresa.

Bartolomé Martínez, miembro del comité de empresa por parte de CSIF explica que la empresa ha recibido 1,4 millones de euros de las arcas municipales para destinarlos a contratación de personal y nueva maquinaria. Bien por el contrario, indica Martínez, se está actuando en determinadas barriadas, miradores e incluso zonas céntricas mediante 33 trabajadores adscritos al plan de empleo.

El hecho de que se fuera a contratar a 50 personas de lunes a viernes, o de miércoles a domingo –y por supuesto respetar al personal de fin de semana- se fue al garete.

“Empezaremos las movilizaciones hasta que la Ciudad retire los servicios que está prestando el personal del plan de empleo, que por cierto no está cualificado”, indica Bartolomé Martínez.

Desde su perspectiva hacen falta servicios y no se están prestando por parte de la empresa, lo que implicaría un cambalache poco claro: “literalmente, la empresa va a por el dinero. Dinero en el bolsillo. Queremos que se respete el convenio en vigor y además no se están realizando servicios como se corresponde”.

“Se han tirado por tierra cincuenta empleos que se iban a cubrir, cincuenta familias que han sido ninguneadas, a las que se ha chuleado. Mientras, han cobrado 1,4 millones de euros”, explica con indignación Bartolomé Martínez.

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