Laboral

Sindicatos de prisiones se movilizarán si Marlaska no "desbloquea" la Ley de Función Pública

Grande Marlaska, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior (CONGRESO)
photo_camera Grande Marlaska, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior (CONGRESO)

ACAIP-UGT, CIG y CSIF recuerdan las palabras del ministro de que atendería las reivindicaciones del colectivo después del aumento salarial de policías y guardias civiles. 

Los sindicatos de prisiones ACAIP-UGT, CIG y CSIF han alertado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convocarán movilizaciones si no "desbloquea" la negociación para aprobar la Ley de Función Pública Penitenciaria, un proyecto que por ahora "no recoge aspectos imprescindibles" para mejorar la situación laboral del colectivo.

En un comunicado conjunto, se remiten a la reunión del pasado 24 de febrero donde Instituciones Penitenciarias aseguró que les presentarían un borrador del texto, pero denuncian que "no se ha aclarado la situación y el recorrido de este texto normativo desde entonces".

Se trata de una norma que se abordó en un grupo de trabajo creado en julio de 2020 y que busca reconocer las especificidades del colectivo de funcionarios de prisiones acabando con una "legislación dispersa", además de mejorar las condiciones de los empleados públicos.

Las organizaciones se remiten a las palabras de Grande-Marlaska del pasado 3 de diciembre, donde instó a adjuntar la memoria económica para un proyecto en el que, según recuerdan, "debería estar cerrado en el primer trimestre de este año".

Denuncian que el borrador presentado el 17 de febrero "no recoge aspectos imprescindibles para poder dar apoyo al proyecto normativo". En este sentido, señalan que el ministro del Interior les trasladó que una vez finalizado el acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -en referencia a la equiparación salarial dotada con 807 millones-- llegaba el turno de Instituciones Penitenciarias".

Los sindicatos piden que se les convoque a una reunión y recuerdan que iniciaron un conflicto colectivo en abril de 2017, por lo que han pasado "cuatro años y tres gobiernos". "Merecemos que se reconozca públicamente la labor constitucional que realizamos, algo que no recoge la norma presentada por la administración", concluyen.

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