El TJUE avala a CSIF y señala el incumplimiento de la Ley de Temporalidad en las administraciones
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige sanciones “ejemplares” tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respalda su denuncia sobre el abuso de la temporalidad en el sector público
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado medidas urgentes tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida este martes, que avala su postura sobre el incumplimiento de la Ley de Temporalidad por parte del Gobierno y las distintas administraciones públicas.
El sindicato denuncia que la situación actual refleja un incumplimiento sistemático de la Ley 20/2021, cuyo mandato establecía que los procesos de estabilización debían haberse resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, según sus datos, al menos 125.000 personas continúan en situación de abuso de temporalidad, lo que representa un 23% de las plazas que aún no han sido cubiertas, con miles de ellas incluso sin convocar.
Este escenario, advierten, evidencia la “ineficacia y falta de voluntad política” de las administraciones, en un contexto en el que la tasa de temporalidad sigue instalada en torno al 30%, el doble que en el sector privado, según el Instituto Nacional de Estadística. En términos absolutos, esto afecta a cerca de un millón de trabajadores públicos.
La resolución del TJUE recuerda que la normativa europea no obliga a la conversión automática en personal fijo, pero sí exige la adopción de medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para sancionar el uso abusivo de contratos temporales. En este sentido, cuestiona figuras como la del “indefinido no fijo”, al no considerarla una sanción real frente al abuso, y deja en manos del Tribunal Supremo la interpretación conforme al ordenamiento jurídico español.
Ante este contexto, CSIF plantea un paquete de medidas que pasa, en primer lugar, por la introducción de sanciones “claras, concretas y aplicables” a las administraciones responsables, que no se limiten al ámbito administrativo, sino que alcancen a los máximos responsables de las decisiones que perpetúan esta situación.
El sindicato también reclama que las ofertas de empleo público incluyan todas las plazas estructurales necesarias para garantizar un servicio adecuado, evitando así el recurso recurrente a la contratación temporal. Asimismo, propone reducir los plazos de los procesos selectivos, actualmente fijados en un máximo de tres años y que, según denuncia, se incumplen de forma habitual.
En paralelo, CSIF recuerda que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en próximas convocatorias, permitiendo a las administraciones ajustar sus plantillas a las necesidades reales sin depender de figuras temporales.
La organización ha trasladado además su respaldo a las miles de personas afectadas por esta situación, subrayando que se trata de profesionales que llevan años prestando servicio en condiciones de precariedad. En este sentido, advierte de que mantendrá la presión hasta que se adopten soluciones efectivas que pongan fin al abuso de la temporalidad en el empleo público.