Aumentar la plantilla en cerca de medio centenar para abrir dos de los seis módulos que se encuentran en desuso en Fuerte Mendizábal, fue el principal anunció que hizo el pasado febrero el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, durante su estancia en Ceuta. Unas promesas que para los funcionarios de la prisión "solo venden humo".
"Ya no nos creemos nada", han articulado medio año más tarde. Dudan, y mucho, que una plantilla, "envejecida", y adolecida por constantes jubilaciones, vaya a incrementar "ni un solo funcionario". La clave para que la promesa de Ortiz vea la luz está en Hacienda, "que es quien tiene que poner el dinero, y no está por la labor". De momento, la ampliación de plazas se está debatiendo entre Función Pública y el citado ministerio, pero sin evidenciar grandes o pequeños progresos. Por ello, tanto desde CSIF como de UGT le han lanzado un mensaje al secretario general: "Si el asunto no sale adelante, si sus promesas se caen, dimita".
Sendos sindicatos han secundado este jueves la convocatoria a nivel nacional por la que han denunciado las nuevas y violentas agresiones que han sufrido trabajadores de tres centros de la península. Coyuntura que han aprovechado para denunciar, también, el parón en la elaboración de la ley de Función Pública Penitenciaria, que incluirá mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos penitenciarios. Asimismo, han exigido al Gobierno que habilite los medios y recursos suficientes para garantizar promoción y estabilidad laboral, prevención de riesgos laborales, un protocolo específico de actuación frente a agresiones y formación especializada.
