El Gobierno de la Ciudad ha planteado a los trabajadores de las Brigadas Verdes como única posibilidad para dejar la estructura de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) la de integrarse en la sociedad estatal Tragsa, que gestionaría el servicio bajo una encomienda de la Ciudad. La consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, ha explicado hoy durante la sesión de control al Gobierno que la posibilidad de que Tragsa asuma el servicio exige, previamente, que los trabajadores acepten la modificación de su actual convenio colectivo.
Según ha detallado la consejera, en el caso de que finalmente sea Tragsa la que asuma el servicio, los trabajadores de las Brigadas Verdes pasarían a regular sus condiciones laborales por el convenio de jardinería.
“La pelota está ahora en el tejado de los trabajadores”, ha sentenciado Chandiramani. Los 154 empleados del servicio mantendrán esta tarde una reunión para acordar una decisión.
Crisis en las Brigadas Verdes
La FPAV gestiona el servicio al amparo de un convenio suscrito con la Ciudad, al que las arcas públicas aportan en torno a los 3,5 millones de euros. Un informe de auditoría revelaba el pasado mes irregularidades en la gestión económica de la entidad entre las que se contaba la falta de justificación de movimientos bancarios por valor de más de 150.000 euros.
La incertidumbre sobre la solidez de la gestión y la petición de los trabajadores formulada a la Ciudad para que los desvincule de la FPAV a fin de garantizar sus empleos movió al Gobierno local a estudiar una salida a los problemas que se ciernen sobre el servicio.
