Los errores cometidos tanto por el personal técnico del ICD como de la empresa contratada, Ges&Con Chip, para la realización del servicio de control y cronometraje de las pruebas de aptitud físicas contempladas en la oposición, obligaron al tribunal a estimar las alegaciones presentadas por una opositora que no estaba conforme con la puntuación recibida en la prueba de resistencia. El error cometido se produjo al aplicar la fórmula para la transformación del tiempo empleado en puntuación.
La opositora recibió un total de 6,50 puntos, aunque tras el reconocimiento del error, recibió la de 7,392 puntos. Ello obligó al tribunal a rectificar el primer listado de aprobados que se hizo público, dejando fuera al opositor que ocupaba el puesto número 15, que fue ocupado, al final, por la opositora a la que se le estimó su alegación.
Pero este no ha sido el primer error que se produjo a la hora de aplicar la fórmula para dar la puntuación. El mismo día que se celebraron las mismas, los miembros del tribunal calificador fueron convocados a última hora para tener conocimiento de que se habían producido dos errores en las calificaciones. El tribunal, en aquella ocasión, no tuvo conocimiento del fallo cometido con la opositora.
Tras la conclusión de esta fase de la oposición, los miembros del jurado hicieron constar en acta su malestar por los problemas sucedidos durante todo el proceso, pidiendo incluso, según ha podido conocer de fuentes solventes y conocedoras del caso, que no se contara con los servicios de la citada empresa en otras convocatorias.
La empresa, por su parte, precisó que había hecho su trabajo y entregó las actas al tribunal. Jacob Hachuel, explicó en una comparecencia tras una reunión del Consejo de Gobierno, que era el Área de Recursos Humanos el que determinaría el alcance de las responsabilidades en el caso de que las hubiere, aunque hasta el momento nada se sabe de este asunto.
