El TSJA ratifica que el puesto de oficial mayor no puede ser de libre designación

Una sentencia del TSJA avala el fallo del Juzgado de lo Contencioso que decretó en 2018 la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno que modificaba las condiciones para acceder al puesto.

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photo_camera Palacio de la Asamblea (C.A.)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso interpuesto por la Ciudad contra una sentencia que declaraba nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecía el sistema de libre designación para cubrir el puesto de oficial mayor. El acuerdo también rebajaba la categoría asignada al puesto.

Con su resolución, el TSJA ratifica el fallo dictado en febrero de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta.

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), impulsora del recurso contencioso, considera que el respaldo judicial a sus tesis evita que personas sin la necesaria cualificación puedan ser designadas para un puesto de habilitación nacional como el de oficial mayor. El sindicato ve avalado así su argumento de que no es posible rebajar a tercera categoría el puesto de oficial mayor dado que Ceuta es un ayuntamiento de primera categoría. “Tampoco se puede sacar este concurso a libre designación, ya que no existen motivos para hacer uso de este sistema rigurosamente excepcional, supeditado a que se acredite el carácter directivo de sus funciones o la especial responsabilidad que asume respecto al puesto”, argumenta la FeSP-UGT en un comunicado.

Al amparo de la resolución judicial, el sindicato recuerda que el Tribunal de Cuentas no ha cesado de insistir en la necesidad de que se cubran los puestos de secretario general e interventor de la Ciudad, ocupados, según los ugetistas, “de manera fraudulenta” desde hace más de dos décadas. FeSP-UGT ha instado a la Delegación del Gobierno a que reclame la intervención del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a fin de forzar a que se convoquen los concursos para ocupar los puestos de interventor, secretario general y oficial mayor.

“Esperamos que no tengan la osadía de seguir gastando los recursos del contribuyente en acudir al Supremo por casación”, afirma el sindicato.