La Federación de Servicios Públicos de UGT ha tenido conocimiento de que la consejera de Educación y Cultura, “saltándose el reglamento de provisión de puestos de trabajo de la Ciudad y demás legislación vigente pretende trasladar a la Biblioteca Pública a un empleado de la ciudad, con el único aval de ser persona cercana a determinados altos cargos del PP”.
El sindicato explica que “no es la primera vez que el Gobierno realiza un traslado sin fundamento ni soporte legal alguno, teniendo que anular posteriormente el traslado”. Los ugetistas van más allá al afirmar que “para darle apariencia legal se ha estado presionando a determinados técnicos para que emitieran informes favorables sin haberlo conseguido”.
Asimismo denuncian que “hay determinados consejeros que creen que dirigen una empresa privada donde pueden maniobrar a su antojo en decisiones totalmente arbitrarias” y anuncian que en caso de persistir en estas prácticas, “no dudaremos en acudir a la vía penal porque preferimos ponernos el parche antes de que nos salga el grano y por ello avisamos para que no se lleve a cabo el traslado de esta persona. No es agradable tener que acudir a los tribunales pero estamos convencidos de que el Gobierno, por propia experiencia en bastantes asuntos, sabe que la UGT no amaga”.
