La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocía a los trabajadores de la limpieza pública procedentes de la empresa Contenur el derecho a acogerse al convenio que regula esta actividad. El Supremo consagra así una vieja aspiración de este grupo de trabajadores, a los que Trace, concesionaria del servicio, había venido negando la equiparación de este personal, que regulaba sus condiciones laborales a través del convenio de industrias químicas, con el resto de la plantilla.
El reconocimiento de las aspiraciones de estos 18 trabajadores es el resultado de las iniciativas judiciales emprendidas por la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT). El primer reconocimiento de la reivindicación sindical fue una resolución del Juzgado de lo Social de Ceuta dictada en 2016, posteriormente recurrida por la empresa ante el TSJA.
Trace había interpuesto un recurso de casación, que ahora el Supremo desestima, contra la sentencia del TSJA, de fecha del 6 de junio de 2018. La resolución condena al recurrente al pago de 1.500 euros en costas.
En su resolución, el Supremo considera la necesidad de acometer una “regulación homogénea” de las condiciones de trabajo de todos los empleados de la empresa. “A partir de ese momento, el anterior convenio colectivo general de la industria química no podía aplicarse porque había finalizado su vigencia. Y el siguiente convenio colectivo general de la industria química no podía aplicarse a la UTE Africana de Contratas y Construcciones SLU (TRACE) al ser ajeno a la actividad principal de esta empresa”, arguye el Supremo.
FeSP-UGT ha explicado que ahora la empresa deberá abonar a los trabajadores las diferencias salariales correspondientes a los cinco últimos años. El sindicato estima la cuantía a la que habrá de hacer frente Trace en más de 600.000 euros.
