El Boletín Oficial del Estado decretaba oficialmente el 26 de mayo de 2017 la defunción del vertedero de Santa Catalina, una montaña de desechos que durante décadas se erigió en un monumento a la incompetencia y la desidia. Aquella colina de basuras, que llegó a convertirse en hábitat para decenas de desheredados que buscaban en sus entrañas un medio para la supervivencia, comenzó a ser alimentada en los años 30 y perduró hasta comienzos del siglo XXI.
La política medioambiental no había sido una de las prioridades de los sucesivos gobiernos municipales hasta que se acometió su clausura en 2002 y su posterior conversión en parque.
Aquel estigma que todavía pesa en la memoria de los ceutíes inauguró un nuevo periodo marcado por una mayor preocupación por las políticas medioambientales. Aunque tampoco puede decirse que ese entusiasmo se haya mantenido en el tiempo de una manera vigorosa. Basta con detenerse a escudriñar el trámite para la aprobación del Plan de Gestión de Residuos de Ceuta, aprobado de manera provisional por el pleno de la Asamblea el 27 de noviembre del pasado año.
“Es un documento muy denso, un documento de una complejidad extrema, pero estar fuera de plazo no significa el fin del mundo”, justificaba entonces el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, el retraso que había experimentado el procedimiento, aun hoy pendiente de la aprobación definitiva del Plan. La de Ramos no se compadece, sin embargo, con la opinión que sobre el mismo asunto mantiene Bruselas. La Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en la aprobación de los planes que deberían estar vigentes en Aragón, Madrid, Baleares y Canarias. Y también Ceuta.
Estos territorios ya llegan tarde. La directiva europea sobre residuos obligaba a España a fijar los planes de gestión de todo el país antes del 12 de diciembre de 2010. Además, el gobierno español había adquirido el compromiso de revisar tales ordenamientos con una periodicidad mínima de seis años. Las advertencias formuladas por Europa al Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 y 2017 no tuvieron efecto alguno.
La exigencia de la Comisión Europea reclama el cumplimiento de los objetivos de la normativa de la Unión sobre residuos (directiva 2008/98/CE) y de los principios de la economía circular. Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para reducir el impacto nocivo de la generación y gestión de los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente y para mejorar la eficiencia de los recursos.
“Somos una ciudad pequeña con graves problemas, y aunque por los general no aparecemos en las estadísticas que ofrecen datos en este ámbito, podemos decir que Ceuta es uno de los municipios que más basura genera per cápita”, reflexionaba el presidente de la asociación ecologista Septem Nostra, José Manuel Rivera, tras la aprobación inicial del Plan de Gestión de Recursos ceutí en noviembre pasado.
Tras conocerse que la Comisión Europea llevará a España a los tribunales, el Gobierno de la Ciudad anunciaba esta misma semana que el plan de residuos ceutí será definitivamente aprobado el próximo septiembre.
