La intención de la Ciudad de sacar a licitación los mencionados servicios llega como consecuencia de la existencia de pronunciamientos de los servicios jurídicos y económicos de la misma,. que consideran que la gestión y las actividades que desarrollan las Brigadas Verdes deberían estar sujetas a un procedimiento de licitación pública, como ha pasado con otros colectivos. Los casos de Cruz Roja o Cruz Blanca, por citar algunos ejemplos.
Según se deduce de las declaraciones de Moreno, la Intervención municipal advierte que es el Tribunal de Cuentas el que estima que el convenio por el que se rige actualmente la empresa tiene que “pasarse a contrato y licitarlo públicamente” con el objetivo de que otras mercantiles puedan concurrir para prestar los servicios.
El presidente de la FPAV precisa que las Brigadas Verdes es una empresa que cuenta con 154 trabajadores” y, por lo tanto, no “es un contrato tan sencillo para sacar a licitación pública”. La empresa, agrega, se dedica a realizar muchos servicios “sociales que son de las asociaciones de vecinos”.
Moreno asegura que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, le comunicó en la reunión del pasado miércoles que “aún no cuenta con el informe del interventor” para sacar el servicio a licitación pública, algo que ya fue indicado por la Ciudad en una nota de prensa.
El mandatario del colectivo de asociaciones de vecinos asegura que en el caso de que al final se proceda al concurso licitación, la empresa adjudicataria “tiene que absorber” a los 154 trabajadores que conforman la plantilla. Caso distinto es lo que sucedería con el patrimonio con el que cuenta en la actualidad la empresa. Según afirma Moreno, “es un problema y es un asunto que habría que estudiarlo”, puesto que el citado patrimonio, según el convenio, en el supuesto de disolverse la empresa “pasaría a manos del Ayuntamiento, no a una empresa privada”. Aunque se muestra muy cauteloso, el presidente es optimista, y cree que “este año no va a salir esto”.
El importe del convenio suscrito en la actualidad tiene un coste económico que supera los 3.400.000 euros, según Moreno, cantidad que va destinada, principalmente, al pago de las nóminas de los trabajadores”. El presidente precisa que la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “no se beneficia de nada” de este convenio, “ya que todo el personal que trabaja en la FPAV lo hace sin ánimo de lucro”.
Es por ello por lo que Juan Moreno entiende que “si esto lo coge una empresa se tendría que aumentar el presupuesto, ya que habría que añadirle, al menos, el beneficio industrial”. Ello, asegura, supondría un incremento de un ocho por ciento, algo más de 250.000 euros sobre el presupuesto actual, por lo que el coste estimativo podría rondar los cuatro millones de euros.
