Vecinos y empresas se oponen a su instalación

Presentadas más de 20 alegaciones a la apertura de una planta de gestión de residuos

Después de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, el pasado 3 de octubre, la apertura de un periodo de alegaciones de 10 días para la concesión de licencia de una nueva planta de residuos en Ceuta, más de 20 personas y empresas, ubicadas en zonas colindantes con el terreno “Llano de Las Lanzas”, han presentado objeciones para impedir el inicio de la actividad.

POLVO SOBRE EL PRÍNCIPE
photo_camera En la imagen, la nube de polvo producida (C.A.)

Todo arranca el pasado 10 de marzo, cuando en el BOCCE se daba cuenta de la aprobación del proyecto de impacto medioambiental para la apertura de una planta de gestión de residuos y reciclado en terrenos de “Llano de las Lanzas” mediante un procedimiento sorpresivamente simplificado. El terreno es propiedad del Ministerio de Defensa y está concesionado a la mercantil “Áridos y Transportes del Estrecho” mediante renovaciones anuales.

El 2 de octubre, Ceuta Actualidad se hizo eco de la denuncia de la formación política de Caballas ante la nube de polvo proveniente del tratado de residuos y el daño que la misma ocasiona a la salud de los vecinos de la zona. Al día siguiente, en el BOCCE, se publica la apertura de un periodo de alegaciones de 10 días “para que quienes consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes”.

Este medio ha podido tener acceso al contenido de las alegaciones presentadas por los vecinos colindantes, en las que alegan diversas deficiencias administrativas en el expediente así como el evidente perjuicio que el otorgamiento de la licencia de inicio de actividad por parte de la Consejería de Fomento pudiera causar a su salud y bienestar.

 Entre las deficiencias administrativas, los vecinos alegan que el terreno es propiedad del Ministerio de Defensa, y que dicho organismo solo tiene otorgada a “Áridos y Transportes del Estrecho” una autorización de acopio de tierras, y en ningún momento les autoriza a clasificar, machacar y tratar materiales provenientes de obra.  La concesión, argumentan, ha finalizado su plazo y hasta la fecha no ha sido renovada.  Los vecinos preguntan ¿cómo es posible que la Consejería de Fomento se plantee otorgar una licencia para ejercer una actividad empresarial que el propietario del terreno no autoriza? máxime cuando ni siquiera le ha renovado la concesión.

En cuanto a los potenciales perjuicios, entre los materiales a los que se da licencia a tratar se encuentran el alquitrán de hulla y otras mezclas bituminosas, materias peligrosas que si son machacadas pueden levantar un polvo altamente nocivo. Una empresa muy próxima a la zona con local abierto al público se queja, por su parte del ruido y polvo que generaría la actividad, pudiendo afectarle gravemente a las ventas. Los vecinos alegan también que el terreno no está habilitado, ni tiene las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la actividad tal como se describe en el artículo 6.c del BOCCE 5659 del 10 de Marzo de 2017.

Además los vecinos se quejan de que el proyecto de impacto medioambiental se haya tramitado mediante procedimiento simplificado.

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