Los fuertes vientos de levante que la pasada semana azotaron la costa han vuelto a sacar a la luz restos de los vertidos contaminantes arrojados al mar desde las instalaciones de Cepsa. Las playas de Calamocarro y Benítez eran recorridas ayer mismo por grupos de operarios a la búsqueda de galletas de fuel.
“Era una situación previsible”, sostiene el presidente de Septem Nostra-Ecologistas en Acción, José Manuel Pérez. La acumulación de fuel bajo el muelle de Poniente, situada en un espacio en principio inaccesible, continúa siendo el principal foco contaminante contra el que las autoridades y la compañía Cepsa siguen combatiendo.
El presidente de la asociación ecologista estima que dadas las dimensiones de esta bolsa de fuel, la emergencia de sustancias contaminantes a superficie coincidiendo con temporales de viento no ha de causar sorpresas. “Ha de tenerse en cuenta que algunas estimaciones aproximadas que se han hecho sostienen que esa bolsa puede tener hasta 40 metros”, subraya Pérez
Los conservacionistas de Septem Nostra han denunciado que la Consejería de Medio Ambiente ha sido la única administración que no ha respondido a los requerimientos de información planteados por la asociación. El servicio de Industria y Energía de la Consejería de Fomento ha sido la última instancia adminsitrativa que ha contestado a las peticiones de la asociación. Septem Nostra solicitaba, entre otros datos, una estimación de la antigüedad de las tuberías averiadas que favorecieron la fuga de fuel, la situación de las balsas de contención de vertidos en la planta de Cepsa en Benítez y la periodicidad con la que se reponen y revisan las conducciones de distribución de fuel.
Pérez teme que, tras tres meses de trabajo para la erradicación de los vertidos, la proximidad de las elecciones haya hecho modificar la estrategia de los responsables políticos. “Ahora parece que se pretende presentar a Cepsa como la única culpable, con lo que se podría estar ocultando otra clases de responsabilidades distintas a las que efectivamente caben a la compañía”, advierte el ecologista. El presidente de Septem Nostra precisa que todavía está por determinar si las autoridades competentes fueron rigurosas en el cumplimiento de la norma que les obliga a someter a inspección y control las instalaciones dedicadas al trasiego de combustible.
