Según ha podido conocer Ceuta Actualidad de fuentes conocedoras del caso, la mercantil, a través de sus abogados, argumenta un incumplimiento por parte de la Ciudad de lo establecido en el Protocolo de sistema de control de servicio y plan de calidad de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos de la Ciudad de Ceuta en modalidad de concesión administrativa formalizado entre la adjudicataria del servicio, la UTE, y la Ciudad.
El Protocolo fue firmado el 29 de abril de 2018 por el actual consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, el responsable del contrato de la gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos, Yamal Dris Motjar, y Manuel Jurado, en nombre y representación de la UTE adjudicataria del contrato.
En el Protocolo de Control de Servicios se establece el método del cálculo del grado de cumplimiento de los servicios recogidos en el contrato que imperativamente debe aplicar la administración a la hora de ejercer su potestad de control y aplicar las detracciones económicas que, en su caso, fueran pertinentes.
En estos momentos, según la información recogida por este diario de las fuentes mencionadas, la Ciudad adeudaría unos tres millones de euros, aproximadamente, en certificaciones e idéntica cantidad en concepto de detracciones por servicios no prestados.
Acuerdo plenario
Ello se produce después de que el pasado día 27 de septiembre el pleno de la Asamblea ha aprobara por unanimidad instar al órgano competente a iniciar un expediente para la rescisión del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras que en la actualidad explota la empresa Trace. El Gobierno accedió a dar su apoyo a una propuesta planteada por Caballas mediante una transaccional en la que se subraya que la primera opción para finiquitar la relación con Trace sea la de formalizar un acuerdo pactado entre las partes. PSOE, MDyC y Ciudadanos se han abstenido.
El acuerdo plenario no implica, sin embargo, que la rescisión vaya a ejecutarse de manera inmediata.
La polémica entre Ciudad y empresa se reabrió después de que un acuerdo entre la mercantil y el Gobierno municipal permitiera abortar una huelga convocada por los trabajadores.
Tanto Aróstegui como Hamed criticaron que la Ciudad haya accedido a la petición de la empresa de sustituir a los funcionarios que se encontraban al frente de la dirección facultativa del contrato. La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, rebatió los argumentos de la oposición en lugar de su compañero de Gobierno el responsable de Medio Ambiente, Fernando Ramos, cuyo departamento es el competente en materia de limpieza.
Chandiramani esgrimió las detracciones practicadas a la empresa por sus incumplimientos para rechazar las acusaciones de connivencia vertidas por la oposición. Según la consejera, el Gobierno practicó detracciones que suponen el 20% sobre las cantidades que Trace debería haber recibido.
La responsable de Economía justificó la decisión de recurrir al Consejo de Estado para que sea este organismo el que dirima si el contrato con Trace puede considerarse como una concesión, tal y como defiende la empresa, o como una prestación de servicios, como mantiene la Ciudad. La oposición había mostrado su sorpresa ante el hecho de que el Gobierno se plantease dudas acerca de la naturaleza del contrato cinco años y medio después de rubricarlo.
La consejera ha explicado que los cambios en la dirección facultativa del contrato obedecen a criterios técnicos.
