El 69 % de la población considera la prostitución una forma de violencia contra las mujeres

La percepción social se inclina con claridad. La mayoría de la población residente en España considera que la prostitución no es una actividad neutral ni un “trabajo como otro cualquiera”, sino una forma de violencia contra las mujeres.

Así lo refleja la encuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio, basado en 10.019 entrevistas a personas mayores de 16 años, analiza las actitudes sociales en torno a la prostitución, la pornografía y sus implicaciones en términos de igualdad y derechos humanos.

El dato es contundente: casi el 69 % de las personas encuestadas se muestra bastante o muy de acuerdo con que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. Entre las mujeres, ese porcentaje asciende al 75,1 %.

Pero hay más. El 79,1 % cree que la prostitución pone en riesgo la dignidad de quienes la ejercen y más del 75 % considera que la mayoría de las mujeres en prostitución son víctimas de explotación sexual. Además, el 79,8 % rechaza que se trate de “una forma de ejercer la libertad sexual”.

Prostitución, vulnerabilidad y rechazo social

La encuesta dibuja un fenómeno asociado a la desigualdad estructural. Siete de cada diez personas creen que las mujeres en situación de prostitución lo están por necesidad económica, mientras que un 41,5 % considera que son forzadas.

El 82 % opina que pagar por mantener relaciones sexuales es un comportamiento más propio de los hombres, al igual que el consumo de pornografía. En paralelo, el ejercicio de la prostitución es percibido mayoritariamente como una realidad que afecta a mujeres.

En el plano personal, el rechazo es evidente: al 63 % le parecería mal que un hombre de su familia pagase por sexo. Entre las mujeres, ese rechazo se eleva al 71,1 %. Y el dato más rotundo: el 91,2 % de las mujeres afirma que no tendría ninguna disposición a mantener una relación de pareja con alguien que pague por mantener relaciones sexuales.

Pornografía y acceso de menores

El estudio también aborda la pornografía, cuya percepción social es mayoritariamente crítica. El 71,6 % considera que fomenta la violencia contra las mujeres y el 93,3 % reclama limitar el acceso de menores a este tipo de contenidos.

La responsabilidad de establecer esos límites recae, según la ciudadanía, principalmente en las familias, aunque también se señala al Gobierno. Además, siete de cada diez personas consideran que pagar por visualizar actos sexuales en plataformas online constituye una forma de prostitución.

En relación con plataformas digitales como OnlyFans o JustForFans —conocidas por seis de cada diez encuestados, especialmente entre hombres y jóvenes de 16 a 34 años—, la población identifica riesgos claros: chantaje, extorsión, difusión no autorizada de contenido y acoso. El 95 % sostiene que las plataformas deberían estar obligadas a eliminar contenido sexual no consentido.

Castigo a proxenetas y reducción de la trata

En el debate sobre la erradicación de la prostitución, el refuerzo de la educación en igualdad, sexualidad y derechos humanos desde la infancia es señalado por casi la mitad como la medida más necesaria. También se apuesta por programas sociales y económicos que permitan a las mujeres abandonar la prostitución.

Sin embargo, el consenso es especialmente amplio en un punto: el 85,6 % considera que castigar a quienes se lucran con la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Entre quienes defienden sanciones, casi la mitad apuesta por medidas educativas y económicas para quienes pagan por sexo. En el caso de quienes se lucran de la prostitución ajena, la pena de cárcel es la opción más mencionada, con un 82,4 %.

Una orientación social clara

El estudio concluye que existe un rechazo generalizado a las posiciones que normalizan la prostitución y una visión crítica de la pornografía, asociada a la violencia y la desigualdad.

En términos demoscópicos, el mensaje es inequívoco: la sociedad española no percibe la prostitución como una expresión de libertad individual, sino como un fenómeno ligado a la vulnerabilidad, la explotación y la violencia estructural contra las mujeres.