Sánchez lanza su plan anticorrupción: 16 leyes en 12 meses y una agencia independiente
Una agencia de integridad, inteligencia artificial en la contratación, más fiscales y formación obligatoria en ética pública: el plan del Gobierno para combatir la corrupción en las administraciones se enfrenta ahora al escollo parlamentario
Sin filtraciones y como golpe de efecto, el presidente del Gobierno de España presentó en el Congreso un plan con cinco ejes, 15 medidas clave y promesas de reformas exprés para prevenir, castigar y recuperar el dinero robado por corrupción.
Pedro Sánchez escogió uno de los plenos en el Congreso de los Diputados, en un sesión que no tuvo nada de ordinaria —y en la que el presidente parecía que se sometió a una 'cuestión de confianza'—, para presentar su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción: un proyecto con vocación de dejar huella, pero con un desafío mayúsculo por delante. El Gobierno quiere modificar 16 leyes en un plazo récord de 12 meses y necesita el respaldo de un Parlamento que ya ha mostrado resistencias.
La corrupción no es nueva, pero el plan que el Ejecutivo presentó este miércoles sí. Sánchez promete un cambio de paradigma para prevenir, detectar y sancionar malas prácticas en las administraciones públicas. La estrategia se articula en cinco ejes y quince medidas clave, con propuestas de alto calado: una Agencia Independiente de Integridad Pública, uso intensivo de inteligencia artificial en la contratación, más protección a quienes denuncian y una apuesta por abrir en canal el funcionamiento de la Administración.
Prevención, transparencia y control: la tríada anticorrupción
El plan parte de una idea: la corrupción no se combate solo a base de castigo, sino también con prevención y transparencia real. Por eso, el primer eje pone el foco en anticiparse: se crearán mapas de riesgo de integridad en toda la Administración, se auditará aleatoriamente el patrimonio de los altos cargos en ejercicio y se impulsará una Ley de Administración Abierta para facilitar el control ciudadano.
A los grandes contratos públicos se les aplicará una figura poco habitual en España pero extendida en otros países europeos: los pactos de integridad, con supervisión de terceros y auditoría ciudadana.
Denunciar sin miedo: el compromiso con los informantes
El plan reconoce que la actual Ley de Protección del Informante necesita mejoras. El Gobierno quiere revisar y profesionalizar los canales internos de denuncia y ampliar la cobertura legal a quienes denuncien fuera de los cauces formales. Se garantizará el anonimato, la confidencialidad y el derecho a indemnización en caso de represalias.
Más medios, más fiscales, más condenas
El tercer bloque gira en torno a reforzar la capacidad del Estado para investigar y sancionar. Se crearán secciones judiciales especializadas en corrupción, se ampliará el personal y los medios de la Fiscalía Anticorrupción —que podría ganar mayor autonomía, al estilo europeo— y se endurecerán las penas por delitos como cohecho o malversación, ampliando también sus plazos de prescripción.
Las empresas corruptoras tampoco salen indemnes: podrán enfrentarse a multas proporcionales a los beneficios obtenidos ilegalmente y quedar fuera del sector público si reinciden.
El dinero robado, en el punto de mira
El cuarto eje está dedicado a la recuperación del dinero defraudado. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y se introducirá el decomiso preventivo: una figura que permitiría incautar bienes ligados a la corrupción incluso sin condena firme, como ya ocurre en Italia o Reino Unido.
Educación, encuestas y cultura anticorrupción
El último eje busca implicar a la sociedad. Se exigirá formación obligatoria en integridad para todo el personal público, se lanzarán campañas para romper con la idea de que “la corrupción es inevitable” y se realizará una encuesta anual sobre percepción y experiencias de corrupción en colaboración con el CIS y organizaciones sociales.
¿Una hoja de ruta con recorrido real?
El plan nace con avales internacionales —OCDE y Consejo de Europa— y prevé un mecanismo de evaluación externa que permita ajustar las medidas en función de su impacto. Pero la gran incógnita es si logrará sortear el escepticismo ciudadano y superar la desconfianza institucional.
“El plan contará con un periodo inicial de implementación de 12 meses, durante el cual se desplegará toda la infraestructura legal y operativa necesaria para poner en marcha las medidas”, recoge el documento oficial de 34 páginas.
Aritmética parlamentaria y pulso político
El texto está condicionado por los apoyos que logre sumar el Gobierno. Durante su intervención, Sánchez reconoció la implicación de Sumar, que ha venido reclamando medidas como la Agencia Anticorrupción, abanderada por Yolanda Díaz: “No permitiré que esta luz se apague”, dijo la vicepresidenta. Pero el resto de socios no lo puso fácil.