El PP registra en el Congreso una proposición para reformar la Ley de Indulto de 1870
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley para modificar la Ley de 18 de junio de 1870 que regula el ejercicio de la gracia del indulto, una norma que ha cumplido 155 años de vigencia y que se mantiene prácticamente inalterada desde su promulgación.
La iniciativa, registrada el 22 de agosto y firmada por la portavoz Ester Muñoz de la Iglesia junto a una quincena de diputados, será debatida en la Comisión de Justicia.
Una norma previa a la Constitución y al Código Penal
La Constitución Española reconoce en su artículo 62 la competencia del Rey para “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Esa regulación es la que fija la Ley de 1870, aprobada más de un siglo antes de la Carta Magna y 125 años antes del Código Penal.
El PP subraya que se trata de una de las disposiciones más antiguas que siguen en vigor en el ordenamiento jurídico español y que, pese a su larga trayectoria, solo ha sido modificada en tres ocasiones, dos de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Críticas a la falta de actualización
Según los populares, desde 1978 el Boletín Oficial del Estado ha publicado más de 17.000 indultos, lo que demuestra la vigencia práctica de esta ley. Sin embargo, la norma no delimita qué delitos pueden ser objeto de indulto, ni cuáles deben quedar expresamente excluidos de la medida de gracia.
“España necesita una legislación adaptada al presente, que garantice seguridad y transparencia en el uso de esta prerrogativa”, señalan fuentes parlamentarias del PP, que recuerdan que actualmente “los reos de toda clase de delitos pueden ser indultados” salvo los casos en que el proceso penal aún no haya concluido o no exista sentencia firme.
Reforma en el horizonte
La proposición del PP reclama abrir el debate sobre la necesidad de adecuar esta norma histórica a la realidad social y jurídica actual. Para ello, propone una actualización de la regulación del indulto que establezca mayores garantías en su aplicación y refuerce la confianza ciudadana en este instrumento jurídico.