Ayuso veta los símbolos palestinos en colegios

Díaz Ayuso prohíbe expresiones de apoyo a Palestina en centros educativos, alegando adoctrinamiento político, pese a que en 2022 se promovieron, por campañas escolares en favor de Ucrania con banderas y recogida de alimentos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras sus declaraciones en Alcalá de Henares, donde ha defendido la prohibición de símbolos palestinos en centros educativos mientras evita reconocer si dicha orden ha sido formalmente emitida. Lo que sí ha hecho es cargar contra lo que considera un intento de “adoctrinamiento político” en las aulas, en referencia a las muestras de apoyo a Palestina promovidas por colectivos como Marea Palestina.

Contradicciones en el discurso institucional

Ayuso ha afirmado que “utilizar los colegios y universidades con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del Siglo XX”, advirtiendo que la imposición de la bandera palestina puede convertirla en un símbolo negativo. Sin embargo, esta postura contrasta con lo ocurrido en 2022, cuando la Comunidad de Madrid impulsó una campaña masiva de apoyo a Ucrania en 1.580 centros educativos. En aquel momento, el entonces consejero de Educación, Enrique Osorio, visitaba colegios para recoger alimentos y promover la solidaridad con el pueblo ucraniano, en lo que se calificó como una “acción humanitaria”.

La diferencia de trato entre ambas causas ha despertado críticas por lo que muchos consideran una doble vara de medir. Mientras que el apoyo a Ucrania fue institucionalizado y celebrado, el respaldo a Palestina se tacha ahora de adoctrinamiento, generando una evidente tensión entre el discurso oficial y la práctica política.

¿Neutralidad educativa o censura selectiva?

Aunque Ayuso no ha confirmado si existe una instrucción directa para vetar actos en favor de Palestina, su retórica apunta a una clara deslegitimación de cualquier expresión política vinculada a esta causa en el ámbito educativo. “Pido dejar a la comunidad educativa en paz y que dejen de intentar adoctrinar en los colegios”, ha declarado, acusando al presidente Pedro Sánchez de instrumentalizar el conflicto para “tapar su corrupción” y de promover una “kale borroka” ideológica.

Este posicionamiento se inscribe en una estrategia discursiva que busca vincular el activismo propalestino con la confrontación política interna, mientras se blinda el relato institucional frente a cualquier crítica. La equiparación de las protestas del pasado domingo —que afectaron la etapa final de La Vuelta— con los “instantes previos a la guerra civil” refuerza esa narrativa de polarización.

¿Humanitarismo selectivo?

La diferencia entre lo que se considera “solidaridad” y lo que se etiqueta como “adoctrinamiento” parece depender del contexto geopolítico y del alineamiento ideológico del Gobierno regional. El caso de Ucrania fue presentado como una causa justa, digna de movilización escolar. Palestina, en cambio, se convierte en un tema tabú, incluso cuando se trata de expresar apoyo humanitario.

Este contraste revela una política de símbolos que no se basa en la neutralidad educativa, sino en la conveniencia política. Y plantea una pregunta incómoda: ¿puede una administración que promovió la solidaridad con Ucrania justificar la censura de Palestina sin caer en incoherencias?

Este episodio no solo pone en cuestión la coherencia del discurso del Partido Popular en Madrid, sino que también reabre el debate sobre el papel de la educación como espacio de reflexión crítica y compromiso social. ¿Se trata de proteger a los alumnos del adoctrinamiento, o de blindar el relato institucional frente a causas incómodas?