La Audiencia Provincial impone, por primera vez, penas de cárcel a un grupo de migrantes que logran entrar clandestinamente en la ciudad. Nueve jóvenes eran condenados por su participación en el salto de la valla fronteriza que el 26 de julio de 2018 protagonizaron 602 migrantes.
Los jóvenes fueron condenados por un delito de daños agravados, que comporta una pena de un año de prisión, y desórdenes públicos, que añadía otros seis meses a la anterior. Los nueve subsaharianos debían, además, abonar una multa de tres euros diarios durante un mes por la comisión de 18 delitos de lesiones leves cuya concurrencia el tribunal consdieró probada.
Archivo del 6-F
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 decreta, por tercera vez desde que se dictara el primer sobreseimiento en octubre de 2015, el archivo del procedimiento seguido contra 16 guardias civiles por la muerte de 15 jóvenes migrantes en la playa de El Tarajal el 6 de febrero de 2014. Apenas un mes antes, el mismo juzgado había ordenado la reapertura del caso bajo el argumento de que la actuación de la Guardia Civil pudo contribuir a la muerte de los migrantes ahogados. Parecía que los agentes tendrían que volver a sentarse en el banquillo de los acusados. Las peticiones de pena oscilaban entre los 28 y los 56 años de prisión.
En octubre, la juez dicta un nuevo auto por el que daba nuevo carpetazo a la investigación. La resolución concluía que la acusación popular, ejercida por distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, no resultaba suficiente para impulsar el proceso. La juez avalaba su argumentación en la denominada “doctrina Botín”, instituida por el Tribunal Supremo, que permitió a quien fuera presidente del Banco de Santander librarse de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por la entidad financiera.
La crisis del porteo
Las autoridades marroquíes resuelven suspender el porteo el 9 de octubre. La decisión ocasionará una crisis que se traducirá en el temor a la pérdida definitiva de una actividad que soporta una parte nada despreciable de la economía local y en situaciones caóticas en los tráficos de personas y vehículos en la frontera.
La noticia, aunque inesperada, no resultaba del todo sorprendente. Ya en febrero, partidos tan alejados ideológicamente como PP y Caballas coincidían en el pleno de la Asamblea en que existía un “plan trazado” por Marruecos para acabar con el porteo.
La determinación de las autoridades aduaneras marroquíes se traducía en colapsos a este lado de la frontera que no se conocían desde hacía meses. El área de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar volvió a registrar embotellamientos que obligaron a los conductores a esperar hasta siete horas en algunas ocasiones.
Operaciones contra el narco. Las fuerzas de seguridad del Estado infligían en octubre un nuevo golpe a las redes del narcotráfico. La “Operación Perla-Costa”, un dispositivo policial diseñado por la Guardia Civil, asestaba un severo revés a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís y a la inmigración ilegal en las provincias de Cádiz, Málaga y Ceuta. El operativo se saldaba con la práctica de 27 registros domiciliarios, 7 detenciones y la incautación de 1.000 kilos de hachís.
Este mismo mes, la Policía Nacional desplegaba en Ceuta y otras localidades andaluzas la denominada “Operación Puntilla”. La actuación policial concluía con el arresto de 28 personas y la intervención de un camión adaptado con un doble fondo para transportar hachís. Todos los detenidos eran miembros de una red dedicada a traficar hachís desde Ceuta.
Torrado, en el banquillo. El expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta (APCE) José Torrado se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial para enfrentarse a una petición de penas de cinco años de cárcel, quince de inhabilitación absoluta y doce de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo. Torrado estaba acusado de los delitos de prevaricación administrativa y malversación por favorecer presuntamente a Marina de Hércules S.A. (Mahersa), concesionaria de la gestión del puerto deportivo. El juicio está todavía pendiente de sentencia.
Premio Convivencia. El religioso Juan José Aguirre, misionero comboniano y obispo de Bangassou, en la República Centroafricana, recibía el 3 de octubre el XVII Premio Convivencia . Aguirre se habia hecho acreedor al galardón por su labor para reconciliar etnias, culturas y religiones en un país arrasado por la guerra.
Jornadas juego on line. La Ciudad escenificó con “Bet on Ceuta” su apuesta por el juego online. Unos 140 profesionales participaron en estas jornadas.
Cadáver en la playa. El mar devolvía a la playa de El Chorrillo el cadáver de un hombre. Finalmente, el fallecido fue identificado como un marroquí que había entrado en España en varias ocasiones manejando distintas identidades.
