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Buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura será "una responsabilidad de Estado"

Complejo monumental del Valle de los Caídos
photo_cameraComplejo monumental del Valle de los Caídos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que inicia su recorrido institucional para su promulgación definitiva. 

 

La búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura será “una responsabilidad de Estado”. Así consta en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.

El texto contempla la elaboración de planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e  identificación de las víctimas y la creación de un banco nacional de ADN de víctimas.

El anteproyecto  incorpora un concepto de víctima de la Guerra Civil y dictadura franquista acorde a los parámetros internacionales de los derechos humanos, contiene una condena expresa del golpe de estado y de la posterior dictadura militar y declara la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión del Régimen, que asimismo se declaran ilegítimos.

El Gobierno proyecta también crear un censo de víctimas y garantizar el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución Española.

Entre las medidas recogidas en el anteproyecto figuran la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la apertura de investigaciones para esclarecer las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa entre 1936 y 1975.

 

Resignificación del Valle de los Caídos

El documento prevé la resignificación del Valle de los Caídos con arreglo a los principios democráticos y la adopción de medidas destinadas a evitar la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Asimismo, contempla una actuación decidida contra las fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española o del franquismo.

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