La Guardia Civil ha practicado 13 detenciones en distintos puntos del país relacionadas con la comisión de 629 estafas de las que habrían sido víctimas 209 personas. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 19 y los 59 años, están acusados de la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
La que ha sido bautizada como «Operación Ponos» arrancó cuando los investigadores constataron distintos casos de estafa en los que se utilizaba idéntico modus operandi. Los delincuentes, tras obtener una fotografía del DNI de sus víctimas, suplantaban la identidad de estas y adquirían productos a través de internet financiándolos a su nombre. Posteriormente, cuando recibían los bienes, los revendían a través de aplicaciones y páginas de compraventa de artículos de segunda mano.
La Guardia Civil pudo comprobar que los autores falsificaban nóminas y otros documentos que se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Con ello, lograron crear un entramado criminal que afectó al menos a 209 víctimas a las que creaban deudas con diversas entidades de crédito y proveedores de telefonía y de las que los autores llegaron a obtener más de un millón de euros.
La Tesorería de la Seguridad Social examinó todas las nóminas y datos personales aportados por los agentes. Gracias a este primer estudio, se consiguió determinar el número de víctimas, residentes en distintos lugares del país: Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Baleares, Barcelona, Lérida, Sevilla, Vizcaya, La Coruña, Cantabria y Albacete.
Al mismo tiempo, se diseñó un dispositivo conjunto que permitió esclarecer la identidad de los componentes del grupo criminal y su operativa. Así se pudo verificar que el grupo tenía células operativas regionales en Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos.
Finalmente, los agentes practicaron siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades valencianas de Játiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta o Valencia ciudad.
Casi un centenar de agentes de la Guardia Civil fueron movilizados para efectuar estos registros. En ellos se pudo aprehender diversa documentación que acreditaba la comisión de los delitos investigados, además de los bienes que adquirían con los créditos que pedían a nombre de las víctimas y que todavía no habían vendido. Durante los registros también se intervinieron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión.
Gracias a esos registros, también se pudo averiguar que los máximos responsables de las distintas células regionales tenían cabecillas que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las comunidades autónomas para tratar de dificultar la labor policial. Los componentes de la organización cambiaban constantemente de vivienda, enviaban dinero al extranjero y emplearon más de 700 líneas telefónicas diferentes para comunicarse y cometer los delitos.
Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España. Otro, que además falsificaba también recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripción, trató de huir, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Fue detenido cuando se encontraba en un vehículo que fue sustraído en 2022 y que pudo recuperarse.
