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solicitan una fianza 12 mil euros a los denunciantes para tramitar la causa

Denuncian a 20 magistrados del Supremo y a Lesmes por amañar nombramientos que benefician al PP

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photo_camera Lesmes firma en el libro de honor de la Ciudad durante una visita a Ceuta (C.A./ARCHIVO)

La asociación “Atenes juristes pels drets civils” ha denunciado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y a más de 20 magistrados del alto tribunal y de la Audiencia Nacional por prevaricación.

Estrella Digital/Carlos Quílez

La patata caliente está en manos del Supremo. La asociación “Atenes juristes pels drets civils” ha denunciado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y a más de 20 magistrados del alto tribunal y de la Audiencia Nacional por prevaricación. Según se argumenta en la querella la cúpula judicial amañó el nombramientos de determinados magistrados y magistradas en puestos clave directamente relacionados con causas poro corrupción que afectaban al Partido Popular. Estos nombramientos, según la denuncia, sólo tenían por objeto colocar a “jueces amigos” para beneficio de esta formación política investigada en múltiples frentes por corrupción.

 

Ya lo avisó el GRECO

La querella hace múltiples referencia a las recomendaciones  y denuncias del  GRECO (grupo de países contra la corrupción  vinculado a Naciones Unidas), sobre “la falta de reglamentación de los criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura posibilita, precisamente, lo que aquí se denuncia, es decir, que concretos nombramientos se efectúen como consecuencia de la vinculación política de los Jueces y Magistrados y no de los méritos y aptitudes jurídicas de los mismos”. 

 

Beneficiar al PP

La querella, firmada por el ex magistrado José Elpidio Silva añade que “la presente querella se formula en atención a la constatación de un plan perfectamente diseñado por los querellados quienes, prevaliéndose de la manipulación y del abuso sistemático de la discrecionalidad prevista para la designación de los profesionales llamados a ocupar determinados órganos judiciales, propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico, asegurándose que las personas propuestas con tal criterio asumiesen el despacho de las causas deseadas”. 

 

Con nombres y apellidos

La querella cita las diversas causa vinculadas con  las trama Gürtel  y enumera uno a uno esos nombramientos sospechosos.

Por ejemplo el de“ Concepción Espejel como Presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, modificación de los criterios de composición de los Tribunales de la Sección Segunda y auto atribución por la querellada de la Presidencia de los Tribunales encargados del enjuiciamiento de procedimientos seguidos contra el Partido Popular”. 

La querella también cita como sospechoso el nombramiento del Magistrado Don Juan Pablo González“como miembro – y ponente– de los Tribunales encargados de enjuiciar cuatro causas que afectan directamente al Partido Popular”.

La denuncia enumera los datos y relaciones  objetivas  que vinculan a estos dos jueces con la estructura organizativa e ideológica del Partido Popular.

 

Manipulación de jueces y salas

También se hace referencia, entre otros, a la torticera constitución de salas de enjuiciamiento y apelación: “Se rescatan en 2017 las Salas de Apelaciones de la Audiencia Nacional creadas en el 2003 pero nunca formadas, y se atribuyen las mismas a D. Enrique López (de consabida vinculación y afinidad al Partido Popular) y a D. Eloy Velasco (consabido detractor del Partido Popular y que deberá inhibirse de oficio de conocer sobre los eventuales recursos de apelación interpuestos contra Lezo y Púnica)”. 


El magistrado instructor  que analizará esta controvertida denuncia es el juez Antonio del Moral García que ha impuesto como cuestión previa a la Asociación denunciante una fianza de 12 mil euros. La asociación “Atenes juristes pels drets civils” ya ha depositado ese dinero.

Todos los ojos pendientes de este magistrado del Supremo y de si, contra pronóstico, iniciará una línea de indagación  al respecto de las severas acusaciones recogidas en la querella. 

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