La exministra de Asuntos Exteriores Arancha Fernández Laya tendrá que declarar como imputada por la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El juez zaragozano Rafael Lasala abrió diligencias hace cuatro meses, al apreciar indicios de delito en aquella operación urdida desde el Gobierno. Investiga los posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras.
El líder del Frente Polisario ingresó en España a través de la Base Aérea de Zaragoza en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado de una infección grave de coronavirus y fue trasladado al hospital San Pedro de Logroño, donde fue tratado.
Según la versión de Villarino, el 13 de septiembre ante el juez Lasala, González Laya le pidió "máxima discreción", ya que la divulgación pública del viaje podría causar un "perjuicio" a las relaciones internacionales del país.
El mismo 13 de septiembre, el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Fernández, en su calidad de testigo, confirmó al juez que Villarino le pidió por WhatsApp que a la llegada del avión a Zaragoza no se realizara el control de pasaportes a los viajeros y que le escribió la frase: "quien lo tiene que saber, ya lo sabe".
