Estrella Digital/Miguel de la Balsa
La pasión lírica de los Pino, de los Pino de toda la vida, era sospechosa, tanto que el fiscal la ha calificado de “pacto criminal”. Millet, el expresidente del Liceu ha pronunciado en su juicio tres palabras mágicas: Convergencia, Ferrovial, tres por ciento. Ahora, el juez deberá decidir si el fiscal y Millet tienen razón o la reciente pasión por el “canto” del expresidente tiene que ver más con la moderna costumbre de negociar condenas que con la verdad.
El caso es que Millet ha confirmado en el tribunal las tres formas por las que la concesionaria hizo llegar 6,6 millones a Convergencia a través del Palau: efectivo, facturas falsas y Convenio entre el Liceu y la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergencia Denocrática de Catalunya (CDC),
La pasión por la verdad de Millet ha afectado al extesorero de Convergencia Daniel Oscar pero no ha citado a otros dirigentes como Mas, Puig o Gordó, aunque a estos les resultará difícil evadir su responsabilidad. Quien no ha podido evadir el golpe es Ferrovial. La sociedad ha sido golpeada de lleno por la confesión de los gestores del Palau.
Ferrovial
El "pacto criminal estable" denunciado por el fiscal funcionó, presuntamente, entre el año 2000 y 2008, se renovaba anualmente y articuló una amplia red de influencias,
Ferrovial, como su propio nombre indica, está originalmente ligada al mundo de los ferrocarriles. Fue fundada en 1952 por un ingeniero de caminos: Rafael Pino Moreno. En estos momentos la dirige su hijo, Rafael del Pino y Calvo Sotelo, que llegó al gobierno corporativo al inicio de los pactos de financiación de Convergencia, en el año 2000.
Durante estos 65 años, la sociedad ha diversificado sus actividades y opera no solo globalmente sino en ámbitos como: construcción, concesiones, promoción inmobiliaria, telecomunicaciones, servicios de limpieza, etcétera.
El fundador Rafael del Pino se jubiló en el 2000, tras lo que sufrió un grave accidente, muriendo inmovilizado. Uno de los hombre más ricos de España en la segunda parte del siglo XX, casado con una hermana del que fue Presidente del Gobierno Calvo Sotelo y familiar de un exgobernador del Banco de España. Jose María López de Letona.
Ferrovial salió a Bolsa en vísperas de la jubilación del fundador, obteniendo recursos por valor de 150.000 millones de pesetas de la época. La salida al mercado no evitó que la familia siguiera controlando la sociedad. El hijo de Del Pino, mantiene la mayoría del capital. Hay otras participaciones de fondos de inversión como Southeastern o Black Rock, que como se ve está en todas.
Las ventas de la sociedad en 2016 ascendieron a 10.759 millones de euros lo que generó un beneficio bruto de 944 millones que derivan, fundamentalmente, del negocio en autopistas, aeropuertos y construcción.
Cúpula del Consejo afectada
Además del mayor accionista de la compañía los tres miembros más relevantes del Consejo de Administración están vinculados a la época en la que los tribunales investigan a la compañía.
Se trata de Santiago Bergareche, desde 1995, Presidente, al tiempo de Vocento, grupo editor de ABC, ha sido Presidente de Metrovacesa y director General del BBV. Íñigo Meirás, desde 2009. Ingresó en Ferrovial en 1992; fue Director General de Autopista del Sol y Director de Autopistas de Cintra. Juan Arena, Consejero de Ferrovial desde 2000. Consejero de Laboratorios Almirall y Meliá Hotels International; Presidente del Consejo Asesor de Consulnor y del Consejo Profesional de ESADE.
Ferrovial no ha abandonado su influencia en Cataluña y mantiene directamente o a través de participadas una fuerte presencia entre los contratistas públicos catalanes. El hermano del dirigente de Esquerra Republicana, Junqueras, tiene un cargo directivo en una entidad que, también, era contratista en el municipio en el que Junqueras fue alcalde.
La vinculación con el 3 por ciento
Juan Elizaga, quien fue Director de Relaciones Institucionales de Ferrovial y Pedro Buenaventura, que era director general de Ferrovial Agroman, se enfrentan a una sentencia de 4,5 años de cárcel y una sanción de diez millones de euros.
SI las cantidades que se reclaman en el proceso de el Palau, 6,6 millones, fueran, como sostiene el fiscal, el tres po rciento de obra pública contratada, estaríamos hablando de más de 220 millones de obra pública concedida a cambio de la correspondiente comisión. Cantidad que coincide con las licitaciones identificadas por el fiscal como la Ciudad de la Justicia, la Línea 9 del metro barceloní, el revestimiento de la Sequía Bellet u un pabellón en San Cugat del Vallés.
