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El Gobierno no destituye a Federico Trillo: “Él pidió el relevo”

Méndez de Vigo no aclara por qué el ya exembajador en Londres pidió el relevo de su cargo con carácter inmediato cuando el Gobierno ya tenía previsto hacerlo “porque tocaba”.

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photo_camera El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo/E.D.

Estrella Digital/Elsa S. Vejo

El Gobierno vuelve a ponerse de perfil con el 'caso Trillo'. Pese a que este jueves el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó una comparecencia con el primer ministro de Irlanda en La Moncloa para apoyar a su ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que en una reunión con las víctimas del Yak-42 asumió la “responsabilidad objetiva” de la Administración en el accidente, el Ejecutivo 'popular' se resiste a dejar caer, al menos públicamente, al que fuera titular de Defensa entonces: Federico Trillo. E insiste en que el relevo ha sido “a petición propia”.

Pocas horas después de que Rajoy avalara el giro dado por Cospedal en todo este escándalo sobre el accidente en el que fallecieron 62 militares españoles hace 13 años, en concreto, sobre asumir el dictamen del Consejo de Estado y su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas a continuar la investigación sobre el siniestro, Trillo convocó a los medios de comunicación para anunciar que había pedido al Gobierno que le relevara inmediatamente de su puesto como Embajador de Londres para “no interferir” en la labor del Ejecutivo tras la explosión de la nueva polémica.

Las víctimas del Yak-42 han pedido al Gobierno que esto no se trate de un relevo, sino de una “destitución” por conducta “que es impropia de cualquier sociedad democrática”. Sin embargo, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dejar claro una vez más que Trillo no ha sido relegado de ningún puesto, sino que el relevo que ha hecho efectivo este viernes el Gobierno ha sido “a petición propia”. Lo que no ha querido aclarar el portavoz del Gobierno, sin embargo, es por qué se ha producido este jueves ese relevo inmediato, cuando estaba previsto que el Gobierno lo efectuara en las próximas semanas, junto al de otros 70 embajadores más, “porque tocaba”.

Este viernes se han formulado varias preguntas a este respecto; y la respuesta del ministro portavoz ha sido reiterativa. “El relevo se ha producido a petición propia. Los embajadores están en sus destinos una media de tres años y medio o cuatro. No fueron relevados en el último año por estar en funciones. En el caso particular de Trillo, habló este jueves por la tarde con el ministro de Exteriores y le pidió el relevo. Y hoy el Gobierno ha procedido al mismo”.

“¿Pero ha sido un relevo voluntario, forzado o adelantado?”, han insistido los periodistas. “Ha sido un relevo a petición propia”, ha insistido Méndez de Vigo, que sin embargo, no ha querido aclarar si Trillo este viernes seguiría siendo Embajador si no hubiera pedido el relevo. Así como tampoco ha opinado sobre su regreso al Consejo de Estado. “El Gobierno no tiene nada que decir sobre el próximo destino del señor de Trillo. Ganó una oposición. Así que será el Consejo de Estado el que tendrá que pronunciarse”, ha zanjado Méndez de Vigo respecto a la posibilidad que existe de que Trillo vuelva a ocupar su plaza de letrado del Consejo de Estado que ganó por oposición en los años 80.

 

Publicación del dictamen

La polémica estalló tras la publicación de las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado por el diario 'El País', en el que se reconocía la responsabilidad patrimonial del estado por el accidente así como "la relación de causalidad entre el siniestro y el funcionamiento de la Administración militar".

De este modo, el órgano consultivo da la razón a las familias de las víctimas en que existe una responsabilidad patrimonial del Estado y considera que no parece conforme que “el siniestro tuvo lugar en términos de absoluta desvinculación con el funcionamiento de la Administración militar”. Pero niega la posibilidad de recibir ningún tipo de compensación. “No puede sumarse una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración si con ello se excede, como es el caso, la reparación adecuada de los daños y perjuicios ocasionados”, recoge el informe.