Miedo. A salir a la calle, a estar sola en casa. Miedo. Cuando van a cruzar la calle o cuando suena el timbre. Miedo a acabar asesinadas, a que el último rostro que vean sea el de aquel que convirtió su vida en un infierno. Esa la realidad de las 56.797 mujeres con casos activos en el registro de Violencia de Género. De ellas, el 53,6%, es decir, 30.465, llevan protección policial permanente. La sombra del maltrato les ha hecho elegir: o su privacidad o su vida.
Es el caso de Paula –nombre ficticio–. Hace dos años que un policía vigila todos sus pasos. En su cara todavía tiene las marcas de las palizas que Antonio, su marido, le daba casi cada noche. “Tantas, que se convirtieron en rutina”, recuerda. Un día tuvo el valor de ir a una comisaría y denunciar. Solo con verle el rostro los agentes supieron que se trataba de algo especialmente grave. Tenía tantos moratones que apenas podía ver. El juez calificó el caso como de riesgo alto y le asignaron protección las 24 horas. Antonio había jurado que, tardara lo que tardara, acabaría matándola: “O eres mía o de nadie”.
Al principio, cuenta ella, no se atrevía ni a salir de casa. “Me daba vergüenza molestar. Ni ir a por el pan, me atrevía. Poco a poco fui cogiendo más confianza y atreviéndome a ir más por la calle. A ratos hasta que se me olvida que está él conmigo por la calle. Un día, Antonio se intentó acercar y él le detuvo en seco. Desde ese día sé que no tengo que preocuparme, aunque a veces no pueda evitarlo. Estos tres años se los debo a él, a mi policía, a mi ángel de la guardia”, se explaya.
En este sentido, según señalan fuentes del Ministerio del Interior, la mayor parte de estas más de 30.000 mujeres están protegidas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil o Mossos d’Esquadra, con una excepción. En el País Vasco, al estar transferida la competencia de Seguridad, el Gobierno Vasco decidió pagar con fondos públicos a escoltas privados y solventar así un doble problema: de una parte se protegía a las mujeres maltratadas y, de otra, se lograba reubicar a cerca de 200 de escoltas de los 3.500 que habían perdido su trabajo tras el fin de la violencia de ETA.
Proteger a una mujer víctima de violencia de género no es tarea sencilla. Pedro lleva 5 años haciéndolo, tras más de 15 años de experiencia en los años más duros de ETA. Reconoce que ha tenido que renovarse. “El modus operandi de un terrorista no es igual al de un maltratador, aunque en ambos casos la alerta debe ser constante ya que el peligro puede aparecer en cualquier momento. Sin embargo, a nivel psicológico son dos casos muy distintos. Las mujeres maltratadas necesitan un apoyo, una comprensión… muy diferente al de los amenazados por ETA. La persona a la que más querían les ha traicionado en lo más profundo y a menudo no confían ni en la Policía. Hay que ser muy paciente y adaptarte a los ritmos que ellas marcan”, asegura este agente.
Precisamente por ello, el Ministerio del Interior está trabajando en un nuevo protocolo contra la violencia de género con el objetivo de evaluar el riesgo de asesinato de las víctimas de este tipo de violencia. Así lo ha anunciado esta semana el ministro Grande-Marlaska, durante una comparecencia en el Senado para explicar las líneas generales de su departamento. El nuevo protocolo, que se incorporará al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, no sólo hará referencia al riesgo de reincidencia, sino al de asesinato, según ha incidido Grande-Marlaska.
El responsable de Interior ha insistido en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones en la lucha contra esta lacra, para lo que ha implementado un plan estratégico para que compartan las bases de datos sobre centros penitenciarios, órganos judiciales, servicios sociales o centros sanitarios, entre otros. Dentro de esa mejor coordinación, su departamento está emprendiendo actuaciones para mejorar la protección de la víctima cuando los condenados cambian de domicilio o en aquellos en que no exista una denuncia previa y está impulsando un plan personalizado en el caso de los menores.
También ha recordado la intención de que la policía local pueda realizar esas labores de protección porque son estos agentes los que conocen "mucho más la realidad" de las víctimas. Asimismo, Interior está analizando cómo impedir o restringir el acceso al sistema VioGén por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado implicados en casos de esta naturaleza.
