Así lo anunció el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en la que puntualizó que se trata sólo de un “primer paso", si bien "muy importante y esperado”, que forma parte de un plan “integral” para abordar un problema “complejo y transversal” ante el que el Gobierno “tiene claro” que debe utilizar “la norma”, pero también mecanismos de “sensibilización, control e intervención”.
Con él, el Ejecutivo “pone fin a una suerte de ley de la selva” que, a su juicio, ha regido el sector de la publicidad del juego hasta ahora desde que hace ya nueve años se aprobó la Ley del Juego. “Este real decreto establece un régimen muy estricto para la publicidad y pone a España en la vanguardia de la protección de la salud pública en este campo”, sentenció en este sentido.
El objetivo es, según explicitó, proteger la salud pública y a los colectivos más vulnerables, entre los que citó a menores de edad, jóvenes y personas con determinadas conductas patológicas que, dijo, “se pueden desplegar como consecuencia de un uso intensivo de este tipo de actividades”.
En este punto, recordó que entre los jóvenes se está “cebando” el crecimiento de este tipo de actividades, circunstancia que lo convierte en un sector “mucho más sensible” que el resto de la población. Además, puntualizó que las inversiones en publicidad se han “disparado de manera extraordinaria” en los últimos años y esto ha ido “parejo” a un incremento de las consecuencias negativas que puede conllevar el uso de esta actividad.
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En concreto, la nueva norma desarrolla los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulación del juego y consta de 37 artículos, agrupados en cuatro títulos, seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Como medidas “más representativas y clarificadoras”, según Garzón, el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego prohíbe la publicidad audiovisual a excepción del tramo horario de 01.00 horas a 05.00 horas de la madrugada e impide a los operadores la emisión de bonos de captación para atraer a nuevos jugadores que, según su criterio, “a veces, en situaciones de necesidad, empiezan a participar en un juego que puede tener consecuencias negativas importantes para la salud”.
Así, el texto prohíbe la utilización de bonos promocionales para la captación de jugadores y establece que las empresas sólo podrán dirigir sus ofertas a clientes registrados y verificados y, en ningún caso, a personas que hayan mostrado comportamientos patológicos en la actividad del juego.
Por otro lado, los clubes deportivos no podrán firmar contratos de patrocinio con casas de apuestas que impliquen llevar publicidad de juegos de azar en camisetas y equipaciones y la publicidad de apuestas en estadios deportivos, cuando acojan eventos emitidos en directo, deberá ajustarse a los mismos horarios que al resto de soportes.
Los clubes tampoco podrán realizar actividades de patrocinio que consistan en la utilización de la marca de un operador para identificar a una instalación deportiva y tampoco se podrá emitir publicidad de apuestas durante eventos deportivos en soporte alguno fuera del horario de 01.00 a 05.00 horas de la madrugada.
De igual forma, la publicidad en Internet queda relegada a los portales de los operadores del juego y en los perfiles de redes sociales las empresas del juego sólo podrán emitir mensajes publicitarios a sus seguidores mientras que en las plataformas de intercambio de video como YouTube la publicidad queda relegada al mismo horario que el resto de soportes publicitarios.
Además, se incluye el control parental a través mecanismos que identifiquen la categoría de juegos de azar en la publicidad en línea y tanto en motores de búsqueda, redes sociales o plataformas de intercambio de vídeo, los operadores deberán contar con instrumentos que garanticen que, en ningún caso, su publicidad se dirige a menores y que existen mecanismos de bloqueo u ocultación de anuncios.
En cuanto al contenido del mensaje, en aquellos anuncios de juegos de azar o apuestas que se emitan en el horario permitido, no podrán aparecer personas o personajes, reales o ficticios, de “relevancia o notoriedad pública” que, según Garzón, ejercen una influencia “enorme” en los menores de edad y jóvenes, que tiene “conexión directa” con el consumo de apuestas.
OPERADORES
Con respecto a los diferentes operadores de juego, el titular de Consumo insistió en que el real decreto incluye a todos los actores del ecosistema de juegos de azar y apuestas, también al juego reservado de ONCE y Loterías del Estado.
Garzón precisó que es la ley de juego la que establece esa “diferenciación” entre el juego reservado de ONCE y Loterías con respecto al de otros actores “de otra naturaleza” e indicó que la nueva norma ha establecido un tratamiento “muy preciso” en este sentido, contando con toda la experiencia de la Dirección General de Ordenación del Juego, pero también de las instituciones que han participado en su elaboración.
“No hemos considerado en absoluto a todos los actores por igual porque no tendría sentido”, agregó, convencido de que tienen “naturaleza diferente y por esa razón se establece de manera diferente". Además, destacó que el real decreto aprobado este martes es una norma “muy estricta, muy precisa y muy desarrollada e impecable técnicamente”.
Preguntado por la posible expansión del juego “problemático” durante la pandemia, Garzón insistió en que para conocer “con precisión y rigor” lo sucedido es necesario esperar, si bien aseguró que el consumo de juego online ha sido “afectado” en concreto por el confinamiento, que lo hizo “más atractivo”, a lo que hay que unir una mayor inversión publicitaria y el hecho de que la televisión “disparó” la emisión de anuncios de apuestas.
El responsable de Consumo reconoció que el abordaje del juego “problemático” y los casos “extremos” de ludopatía “no se agotan” con este real decreto y admitió que el Ejecutivo debe ser capaz de desplegar diversos planes dentro de un “macroplan integral”, entre los que citó el uso de una tasa para poner en marcha políticas públicas de prevención y sensibilización.
Los operadores de juego serán responsables del cumplimiento de las disposiciones en materia de comunicaciones comerciales previstas en el Título I del real decreto cuando esas comunicaciones se difundan, emplacen o realicen por su cuenta o encargo y se les aplicará el régimen sancionador de la Ley 13/2011, de regulación del juego.
A los prestadores de servicios de comunicación audiovisual se les aplica el régimen sancionador previsto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, cuya instrucción y sanción corresponde a la CNMC.
La norma entrará en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a partir de ese momento, según Garzón, estará “tajantemente prohibido” la suscripción de contratos de publicidad afectados por esta norma.
Para los ya firmados y que estén en vigor en este momento, se establecen unos plazos que van hasta el verano de 2021 como plazo máximo para “extinguirse”, coincidiendo con el final de la temporada deportiva, aunque los convenios privados entre clubes y operadores se hayan firmado por más tiempo.
Para Garzón, se trata de un plazo “razonable” que permitirá a operadores y empresas contar con “tiempo suficiente" para adaptar sus relaciones comerciales y de financiación y garantizar la viabilidad económica de las diferentes unidades afectadas
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