A partir del 1 de enero empieza a aplicarse la normativa de consumo por la que se amplían los plazos de las garantías legales de los bienes de dos a tres años, y que incrementa además el periodo obligatorio en que los fabricantes deben disponer de piezas para facilitar la reparabilidad de sus productos.
Lo ha recordado en un comunicado el Ministerio de Consumo, en el que ha recalcado que esta reforma de Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, que el Consejo de Ministros aprobó en abril, forma parte de una "estrategia de fomento de la economía circular" destinada a incrementar la durabilidad de los bienes" y reducir el impacto ambiental del modelo productivo.
A partir de este sábado se refuerza el derecho de garantía de los consumidores, con una ampliación de los plazos en que éstos pueden exigir que se arreglen los productos comprados en caso de que presenten taras (desde mañana, el plazo mínimo requerido serán tres años) o si se estropean y también se extiende el periodo en que pueden reclamar si no están conformes, que será de cinco años.
