La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ha remitido hoy un escrito a todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado con nuevas medidas para evitar la expansión de la Covid-19 entre la población reclusa, considerada grupo de alto riesgo, y los trabajadores penitenciarios.
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha resuelto suprimir las comunicaciones especiales de los internos, esto es, las familiares, íntimas y de convivencia. Además, se restringen las ordinarias por locutorio al 50%, con dos comunicantes por interno como máximo. El horario se extenderá a todos los días de la semana, con obligación de desinfectar los locutorios después de cada turno de comunicación.
También quedan suspendidos los permisos de salida y las salidas programadas de los internos.
Las medidas, con una vigencia inicial de tres semanas a contar desde su entrada en vigor el próximo lunes, afectan a todos los centros de la Administración General del Estado salvo los de Canarias y Baleares. Aunque en esta última comunidad autónoma, la prisión de Mallorca mantiene también suspendidas las comunicaciones especiales.
En el caso del Centro Penitenciario de Orense, a las medidas anteriores se suma además la suspensión de las comunicaciones ordinarias.
No se levanta de momento, y mientras la situación no lo aconseje, el cierre total de los centros penitenciarios Madrid V, en Soto del Real, y León. En ellos, además de las medidas anteriores, se mantienen suspendidas las comunicaciones ordinarias y no se permite el acceso a prisión a toda aquella persona ajena a la Administración penitenciaria cuya labor no sea imprescindible.
Para paliar las restricciones, se ha aumentado el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos y se ha potenciado el sistema de videollamadas.
A partir del mes de diciembre, comenzará a funcionar en pruebas un sistema de cabinas para poder realizar las videollamadas. Estas cabinas permitirán además enviar mensajes de voz y el pago a cobro revertido. Se espera que a lo largo de 2021 el sistema de videocabinas esté implantado en todos los centros dependientes de la Administración central.
