La Asamblea ha aprobado este martes una propuesta presentada por el Grupo Socialista para la inclusión de cláusulas sociales en los contratos suscritos por la Ciudad.
El caso de la empresa Hércules Servicios Generales, adjudicataria de la limpieza en distintas dependencias municipales, está detrás de la propuesta del PSOE. Desde hace meses, los trabajadores de la adjudicataria han venido protagonizando protestas y concentraciones para reclamar el pago de sus retribuciones salariales, permanentemente demoradas. Hércules, que atesora un largo historial de incumplimientos con sus trabajadores, no solo en Ceuta, obtuvo, sin embargo, y a pesar del escándalo suscitado por el trato que dispensa a los trabajadores, la renovación del contrato de limpieza del Conservatorio Municipal.
Las relaciones de Hércules con la Ciudad han ocupado buena parte del debate en el salón de plenos. El primero en sacar a colación el nombre de la adjudicataria ha sido el diputado de la extrema derecha Carlos Verdejo, quien ha vuelto a sugerir, sin afirmarlo expresamente, la existencia de un supuesto trato de favor a la empresa a través de personas vinculadas al presidente de la Ciudad, Juan Vivas. El presidente ha retado a Verdejo a acudir al juzgado, como ya hiciera en la última sesión plenaria.
La dificultad de perseguir los impagos salariales
La consejera de Hacienda y Economía, Kissy Chandiramani, ha mostrado el respaldo del Gobierno y del Grupo Popular a la propuesta del PSOE, aunque ha precisado que esas cláusulas sociales ya se incorporan por ley en los contratos en los que es posible hacerlo. Chandiramani ha explicado que, como sucede en el caso de Hércules, el impago de las nóminas no puede contemplarse como cláusula social. «Si pudiéramos hacerlo, lo habríamos hecho ya», ha argumentado.
La consejera ha subrayado la complejidad de imponer medidas sancionadoras como la de la resolución del contrato, una decisión que ha de recibir el visto bueno del Consejo de Estado.
Mientras, la portavoz de MDyC, Fátima Hamed, ha subrayado, en la misma línea del argumento de la Consejera, que, pese al esfuerzo de los técnicos municipales, no se ha conseguido dar con una fórmula avalada por la ley para acabar con abusos como los cometidos por Hércules. Hamed ha planteado la conveniencia de trasladar el debate del ámbito técnico al político dando protagonismo a la Comisión Informativa de Hacienda.
A su vez, el diputado de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha defendido que situaciones como la generada en torno a Hércules constituyen la prueba de que resulta necesario cambiar de modelo en la prestación de los servicios públicos. Mustafa ha aprovechado su intervención para hacer un alegato contra la externalización de servicios. «Una empresa defiende sus beneficios, lo cual no es bueno ni malo; pero por encima de esto tiene que estar la rentabilidad social», ha defendido.
La propuesta del PSOE
La moción presentada por el PSOE propone el establecimiento de un sistema de fiscalización eficaz que garantice el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por las empresas y la observancia de las obligaciones de los contratistas con sus trabajadores. Las cláusulas sociales se incorporarán a los pliegos de condiciones de los servicios públicos contratados al tiempo que se introducirán mecanismos específicos para el control y seguimiento de aquellas.
Cualquier incumplimiento de estas cláusulas, como ya sucede con la inobservancia de los plazos del contrato o su precio, devendrá en sanciones. Todas estas medidas podrán acabar con la resolución del contrato, sobre todo si los incumplimientos afectan al impago o retraso en el abono de las retribuciones de los trabajadores o a la aplicación de condiciones laborales inferiores a las contempladas en el correspondiente convenio colectivo.
Finalmente, en una votación desglosada, y con la sola abstención de Vox, la Asamblea ha acordado asignar el control del cumplimiento de estas cláusulas sociales a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda.
Otros acuerdos plenarios
No es la primera vez, sin embargo, que la Asamblea aprueba una iniciativa de esta naturaleza. El pleno dio el visto bueno en al menos dos ocasiones anteriores a mociones similares. Una de ellas, la aprobada en abril de 2016 a propuesta de la extinta Caballas. En aquella ocasión, el PP votó a favor bajo la condición de incluir una salvedad que precisaba que la aplicación de la medida quedaría sujeta al asesoramiento técnico necesario para determinar su legalidad, que se adoptaría siempre que no obstaculizase la agilidad de la tramitación, resolución y seguimiento de los contratos y fuera compatible con los criterios de libre concurrencia y objetividad.
La segunda ocasión en la que la Asamblea accedió a incluir cláusulas sociales en los contratos públicos de la Ciudad, también a propuesta de Caballas, fue gracias a un acuerdo plenario adoptado en enero de 2018. El pleno acordó crear un grupo de trabajo dedicado a estudiar la incorporación de estas cláusulas en las contrataciones.
